La Federación Sindical Marítima anunció un cese total de actividades desde la hora cero del miércoles 18 hasta la medianoche del jueves 19. La medida afectó las zarpadas previstas en ese lapso y se enmarcó en el rechazo sindical a la reforma laboral que se debatió en el Congreso.
La Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) dispuso un paro de 48 horas que impactó de manera directa en la operatoria de la flota pesquera. Según informó la conducción gremial, el cese rigió desde las 00 del miércoles 18 hasta las 24 del jueves 19, y alcanzó a todos los buques que tenían programada su zarpada en esa franja horaria. Las tareas pudieron retomarse a partir de la hora cero del viernes 20.
La decisión fue comunicada como una respuesta al avance del proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y quedó a la espera de tratamiento en la Cámara de Diputados. Los sindicatos sostuvieron que la iniciativa pretendió excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que —advirtieron— implicó una reducción de derechos.
En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que la medida tuvo como objetivo “defender los derechos laborales, la estabilidad de los puestos de trabajo y la dignidad de la familia marítima”. Además, afirmaron que la reforma puso en discusión garantías básicas como licencias, protección de la maternidad y principios de tutela frente al fraude laboral.
La federación estuvo integrada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones, el Centro de Capitanes de Ultramar, la Asociación de Capitanes y Baqueanos, el gremio de Maquinistas Navales y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), entre otros. Días antes, este último había declarado el estado de alerta y movilización ante el debate legislativo.
En términos operativos, la huelga obligó a reprogramar mareas, descargas y turnos en plantas procesadoras. La suspensión de zarpes en un esquema productivo atado a materia prima perecedera alteró la logística portuaria y la planificación industrial.
Los gremios advirtieron que no aceptaron retrocesos en derechos adquiridos y reclamaron al Congreso que mantuviera al personal embarcado bajo el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. El conflicto quedó así planteado en el centro de la discusión parlamentaria, con impacto inmediato en los muelles.