El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se encuentra formalmente sin autoridades desde el pasado sábado 9 de mayo, tras expirar el plazo de la segunda extensión de mandatos otorgada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ante la falta de movimientos en la causa judicial que investiga las elecciones suspendidas y las complicaciones procesales que pesan sobre su principal dirigente, el gremio ingresa en un periodo de extrema incertidumbre institucional que reaviva el fantasma de una posible intervención.
La crisis de representación en el SOMU alcanzó un punto crítico este fin de semana al cumplirse el término de la prórroga excepcional de 45 días que la Sala III de la Cámara del Trabajo había concedido a la conducción de Raúl Durdos. Aquella resolución judicial, dictada en marzo con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y evitar la parálisis del sector, fue taxativa al establecer que el beneficio no podría renovarse nuevamente.
En consecuencia, al no haberse resuelto aún la validez de los comicios de diciembre pasado ni haberse convocado a nuevas urnas, la institución ha quedado técnicamente en estado de acefalía.
Si bien el tiempo ganado con la prórroga judicial permitió que el sindicato y las cámaras empresarias lograran acuerdos fundamentales para asegurar el inicio de la temporada de langostino en aguas nacionales, el escenario actual deja pendientes importantes paritarias y gestiones gremiales que ahora carecen de una firma legalmente constituida.
La preocupación entre los afiliados crece ante un expediente judicial que, según consta en los registros, no registra movimientos significativos desde mediados de abril, manteniendo en suspenso la normalización definitiva de la entidad.
A la parálisis de la causa electoral se le suma un nuevo escollo jurídico que afecta directamente las aspiraciones de la actual conducción.
El pasado 8 de abril, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursó una citación a juicio oral para Raúl Durdos, en el marco de una denuncia iniciada por Bettina Santillán, Secretaria de la Mujer del gremio.
Esta situación procesal activa las restricciones previstas en el Artículo 24 del Estatuto Social del SOMU y el Artículo 18 de la Ley de Asociaciones Sindicales, los cuales impiden que personas en dicha condición puedan postularse como candidatos, una irregularidad que la Junta Electoral Central habría pasado por alto al oficializar su lista en el proceso previo.
Frente a este complejo panorama, el gremio marítimo queda a la espera de un pronunciamiento inminente por parte de los camaristas. De ordenarse una nueva convocatoria electoral, el oficialismo se vería obligado a presentar un candidato a Secretario General distinto a Durdos para cumplir con la normativa vigente.
Mientras tanto, la incertidumbre administrativa y la falta de autoridades con mandato vigente colocan al SOMU en una situación de vulnerabilidad legal que podría derivar en una intervención externa si la Justicia no acelera los tiempos para resolver el conflicto de fondo.