La Argentina pidió este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, que se dicten medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas. Fue la primera audiencia del caso, y el objetivo inmediato no era resolver la disputa de soberanía, sino evitar que la obra avance antes de que exista una decisión de fondo. “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal.
Qué pidió la Argentina y por qué
La delegación argentina solicitó que se suspendan las actividades vinculadas con el desarrollo del yacimiento mientras se organiza el arbitraje internacional que deberá analizar el fondo de la controversia. El eje del planteo es que el petróleo no se repone y que ninguna indemnización posterior podría revertir el daño. “La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino. El petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto”, afirmó Oyarzábal. También advirtió que, si se cumplen los plazos anunciados, los trabajos preparatorios podrían estar en marcha antes de que el tribunal arbitral esté constituido y pueda intervenir.
El Gobierno cuestionó además que el Reino Unido haya autorizado de forma unilateral actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en un área cuya soberanía está en disputa. Según la posición de Buenos Aires, Londres extendió por cinco años las licencias de producción y rechazó los pedidos argentinos de suspensión. En su comunicado, el Gobierno recordó que la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras se desarrolla el proceso recomendado, y que Londres desestimó su convocatoria al diálogo de agosto.
Qué es Sea Lion
El proyecto está en la Cuenca Malvinas Norte, a más de 200 kilómetros al norte de las islas, y lo desarrollan la israelí Navitas Petroleum, como operadora, y la británica Rockhopper Exploration, como socia. Según la información de la propia Navitas, la primera etapa prevé 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, y la segunda suma otros 12, hasta llegar a 23 perforaciones. El yacimiento tendría una reserva que se estima en 1.700 millones de barriles. El proyecto ya tiene decisión final de inversión, con unos u$s1.800 millones aportados entre ambas compañías, y la empresa proyecta producir durante más de 30 años, con el inicio de la producción en marzo de 2028
Por qué decide Hamburgo y qué viene
La razón es técnica, pero se resume rápido. La Argentina y el Reino Unido son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero eligieron mecanismos distintos para resolver sus disputas: la Argentina, el Tribunal de Hamburgo; el Reino Unido, la Corte Internacional de Justicia. Como no coinciden, el conflicto de fondo debe tramitar ante un tribunal arbitral que todavía no está constituido, y mientras tanto el Tribunal del Mar puede dictar medidas provisionales. El Gobierno había iniciado el procedimiento en septiembre y formalizó el pedido el 13 de octubre, con base en el artículo 290, inciso 5, de la Convención, que lo permite cuando hace falta preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino. Los jueces no definirán quién ejerce la soberanía sobre Malvinas. Deberán decidir si corresponde ordenar medidas urgentes y, para eso, evaluarán si el futuro tribunal arbitral tendría competencia inicial sobre el caso y si hay razones de urgencia que justifiquen actuar antes.
Después de la exposición argentina habló la delegación británica. Cuestionó que el Tribunal sea competente en una controversia que, según su postura, está ligada a la soberanía de las islas, defendió las autorizaciones otorgadas para Sea Lion y sostuvo que suspender el proyecto afectaría las perspectivas económicas de los habitantes del archipiélago. También planteó que los riesgos ambientales pueden gestionarse con las medidas de prevención previstas para las operaciones petroleras. La fiscal general británica, Ellie Reeves, había dicho el mismo martes al diario The Times que el Reino Unido defenderá su derecho a perforar en las islas y que el Tribunal de Hamburgo no tiene jurisdicción sobre el reclamo argentino.
Las audiencias continuarán este miércoles con una segunda ronda, en la que la Argentina podrá responder a los argumentos británicos y luego hablará de nuevo el Reino Unido. Al terminar las exposiciones, el Tribunal analizará los planteos y resolverá si hace lugar al pedido argentino. Esa decisión será independiente del arbitraje que más adelante abordará el fondo de la controversia
