La Legislatura aprobó por margen mínimo la reforma de la Ley 1355, que mantiene la veda en el canal Beagle pero habilita la acuicultura en otros cuerpos de agua bajo un nuevo marco regulatorio.
A tres años de la prohibición total, la Legislatura de Tierra del Fuego modificó la Ley 1355 y flexibilizó el desarrollo de la salmonicultura en la provincia. Con una votación ajustada de ocho votos a favor y siete en contra, el oficialismo logró sancionar la denominada Ley de Acuicultura Sostenible, impulsada por el gobernador Gustavo Melella, que mantuvo las restricciones en áreas sensibles pero abrió la actividad en otras zonas.
La reforma sostuvo la prohibición absoluta de cultivo de salmónidos en el canal Beagle, el lago Fagnano y la laguna Esmeralda, entre otros entornos protegidos. Sin embargo, habilitó la actividad en otros cuerpos de agua, con un esquema de uso consultivo y bajo los parámetros de sustentabilidad fijados por la Ley Provincial de Aguas. Cada proyecto deberá contar con evaluación ambiental estratégica y estudios de impacto previos.
El debate expuso fuertes divisiones políticas. Sectores de la oposición anticiparon una posible judicialización de la norma y cuestionaron su constitucionalidad. Legisladores críticos advirtieron que la habilitación podría derivar en impactos ambientales similares a los registrados en Chile y denunciaron irregularidades en el tratamiento legislativo del proyecto.
Desde el Ejecutivo defendieron la reforma como una herramienta para diversificar la matriz productiva y generar empleo. Melella afirmó que la nueva ley fortalece los controles ambientales, promueve la investigación científica y busca reducir la dependencia de las importaciones de salmón, que superan las 5.000 toneladas anuales. El senador Agustín Coto destacó que el nuevo marco reemplazó la prohibición total por reglas “claras y modernas”.
La norma también creó el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de Tierra del Fuego y obligó al Gobierno provincial a definir zonas aptas, criterios de aprobación y cupos de producción destinados al consumo local. Con la sanción, la acuicultura quedó habilitada como actividad estratégica, aunque el debate político y ambiental promete continuar.
