La firma pesquera liderada por Fernando Álvarez Castellano formalizó las desvinculaciones «con causa» tras los incidentes del 15 de julio en Puerto Madryn. En las misivas, la empresa alega que los empleados involucrados incurrieron en hechos de violencia e intimidación que obligaron a la intervención policial para evacuar al personal administrativo, considerando el vínculo laboral como «resuelto por exclusiva responsabilidad» del empleado.
Tras las fuertes declaraciones cruzadas entre el empresario Fernando Álvarez Castellano y el dirigente sindical Luis Núñez, Conarpesa pasó a la ofensiva legal y comenzó a notificar formalmente los despidos de los operarios identificados en la irrupción a sus oficinas centrales. En los telegramas enviados, la compañía fundamenta la medida en la gravedad de los hechos ocurridos el pasado miércoles, calificándolos como una «toma por la fuerza de las oficinas de la empresa ubicadas dentro del establecimiento industrial» mientras el personal de dirección y administración se encontraba en plena jornada laboral.
El texto de la notificación es contundente al describir la situación de hostilidad vivida en el Parque Industrial Pesquero, señalando que los manifestantes mantuvieron «posturas intimidatorias» hacia los empleados administrativos, lo que obligó a interrumpir de manera abrupta las labores.
Según detalla la misiva, la tensión escaló al punto de que el personal de la firma tuvo que ser evacuado del lugar «con el auxilio de personal policial», un hecho que ya fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn.
El telegrama especifica que el trabajador «ha incurrido en una injuria de tal gravedad que no consiente la prosecución del vínculo laboral», declarando la rescisión del contrato por responsabilidad del empleado.
Finalmente, la empresa notificó que tanto los haberes como la liquidación final y las constancias de ley quedarán a disposición de los despedidos en los plazos legales vigentes.