Un sindicato que dice estar listo para trabajar. Un empresariado que responde que no paga porque el sindicato está de paro. Pero el sindicato retruca que nunca recibió un llamado, que nunca hubo siquiera una citación formal para salir a pescar. Y mientras tanto, los barcos siguen en puerto, la temporada de langostino avanza sin zafra, y el conflicto se vuelve una postal repetida del país que hace equilibrio con una realidad económica que empuja a todos hacia el borde.
El SOMU pidió esta semana una constatación formal a la Secretaría de Trabajo para que inspeccione a las empresas del sector congelador. Reclaman que se paguen los sueldos como establece el Convenio Colectivo de Trabajo: salario mensual, el básico, mientras no se sale a pescar. Pero las empresas pagaron solo seis días de junio. «Están de paro», dicen. “Estamos dispuestos a salir a pescar, pero ellos dicen en la Secretaría de Trabajo que estamos en medida de fuerza. No es cierto. No hay paro. No hay llamado”, repite César Zapata, referente del SOMU en Puerto Madryn, en diálogo con REDES AL MAR
La lógica parece invertida. Como si se necesitara pescar primero para que se autorice la pesca. Como si pagar el sueldo dependiera del humor empresario y no de un marco legal. Pero la legalidad, en tiempos como estos, suele tener interpretaciones flotantes. Y eso incluye, ahora, el intento de algunas empresas de firmar convenios individuales con los tripulantes, usando como modelo el acuerdo con otro gremio, el de los maquinistas, que aceptó una rebaja en los ítems productivos. “Dicen que harán contratos individuales. Eso es ilegal. Hay un convenio vigente. Lo vamos a defender”, asegura Zapata.
Zapata, como tantos otros dirigentes sindicales en conflicto, advierte que es una pelea simbólica de poder entre las partes y que detrás de los descuentos hay una forma de extorsión. “Nos están sacando 500.000 pesos por mes mientras estamos en tierra. Es extorsión con nuestro propio recurso. Se creen dueños del recurso de todos los argentinos”, dice.