El buque británico solicitó autorización para ingresar al Mar Argentino entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024 y del 2 al 30 de enero de 2025. Según lo detallado en el Acta 23 del Consejo Federal Pesquero (CFP), el objetivo de la misión incluía la recolección de datos oceanográficos, biológicos, químicos y físicos, además del estudio de las corrientes marinas en una región clave del Atlántico Sur.
Inicialmente, sectores técnicos del Gobierno y el propio CFP habían avalado el pedido al no identificar riesgos relacionados con pesca ilegal o impactos directos sobre los recursos pesqueros. Sin embargo, la oposición de actores políticos, sociales y científicos fue inmediata. Entre ellos la provincia de Chubut. Uno de los puntos más críticos del planteo se centró en las potenciales consecuencias de las mediciones sísmicas sobre la fauna marina, en particular la ballena franca austral, una especie emblemática que utiliza esas aguas como ruta migratoria.
Chubut lideró el rechazo
La postura más firme contra el ingreso del barco fue sostenida por el representante de la provincia de Chubut en el CFP, Andrés Arbeletche, quien consideró que los estudios planteados podrían tener consecuencias negativas para los ecosistemas marinos y cuestionó la pertinencia de otorgar permisos a una embarcación bajo bandera británica, dada la presencia del Reino Unido en las Islas Malvinas. La provincia de Buenos Aires adhirió a esta posición.
El resto del CFP había aprobado el ingreso del RRS James Cook por mayoría, destacando la importancia de la cooperación internacional en investigaciones científicas. No obstante, las consideraciones políticas y ambientales terminaron inclinando la balanza hacia la negativa.
La decisión de prohibir el ingreso del barco no solo generó tensiones entre Argentina y el Reino Unido, cuya embajada en Buenos Aires calificó la medida como un “retroceso” en los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales, sino que también dejó en evidencia divisiones dentro del Gobierno argentino. Mientras algunos sectores valoraron la decisión como una reafirmación de la soberanía y el cuidado ambiental, otros cuestionaron el mensaje contradictorio que podría enviarse respecto al compromiso del país con la diplomacia científica.
Argentina suele autorizar el ingreso de embarcaciones extranjeras para investigaciones científicas en su plataforma marítima, enmarcadas en acuerdos de cooperación internacional. Sin embargo, esta es la primera vez que un pedido de este tipo proviene de un barco británico, lo que agregó un peso simbólico al debate debido a la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por el Reino Unido.