Denuncian la violación de la Ley Federal de Pesca y exigen la creación de un registro público para transparentar la actividad de las flotas y sus antecedentes.
Un reciente informe elaborado por especialistas documenta que el Estado Nacional, a través del Consejo Federal Pesquero (CFP), otorgó y autorizó la transferencia de permisos de pesca a empresas con vínculos probados con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). El caso testigo involucra a Univpesca, una subsidiaria de la corporación estatal china China National Fisheries Corporation (CNFC), cuyos buques han sido sancionados repetidamente por operar de forma ilícita dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Esta situación expone graves fallas en los sistemas de control de antecedentes y una falta de transparencia que compromete la gestión sostenible de los recursos naturales del país.
La investigación, presentada por el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, detalla que Univpesca obtuvo permisos para la captura de calamar en 2014, a pesar de que el mismo organismo la había rechazado en 2006 por sus vínculos directos con CNFC. La matriz china ya contaba con antecedentes penales en el mar nacional, incluyendo la detención del pesquero Zhong Yuan Yu 1 en el año 2005. Según los expertos, estas autorizaciones vulneran de forma directa el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca (Ley 24.922), que prohíbe taxativamente otorgar permisos a armadores con relaciones jurídicas o económicas con quienes practiquen la pesca ilegal.
El análisis al que accedió REDES AL MAR, identifica que un cambio en la normativa interna facilitó estas irregularidades. Mientras que en 2006 se exigía a los solicitantes detallar todas las empresas vinculadas para verificar conexiones indirectas, en la convocatoria de 2013 este requisito fue reemplazado por una declaración jurada más laxa donde solo se manifiesta la inexistencia de tales vínculos. Esta «flexibilización» técnica redujo drásticamente la capacidad del Estado para detectar estructuras societarias opacas y beneficiarios reales con historial de infracciones graves.
La gravedad del caso se acentuó en 2016, cuando el buque Lu Yan Yuan Yu 010, perteneciente a otra subsidiaria de CNFC, se hundió tras ser perseguido por la Prefectura Naval Argentina mientras pescaba ilegalmente en aguas nacionales. Apenas meses después de este incidente, el Consejo Federal Pesquero aprobó que Univpesca transfiriera sus permisos a la firma COFC, otra empresa del mismo grupo chino cuyos buques también poseen un historial de pesca no regulada en el borde de la milla 201. Estos permisos, que según el artículo 28 de la ley deberían caducar automáticamente ante tales infracciones, continúan vigentes en la actualidad.
Desde las organizaciones denunciantes señalan que este escenario es posible debido a que la información oficial sobre la flota pesquera se encuentra dispersa y no es de acceso público ni está sistematizada en tiempo real. Actualmente, los registros de la Prefectura Naval y de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos solo pueden consultarse mediante pedidos de información específicos, lo que dificulta el monitoreo por parte de la sociedad civil y otros organismos de control. Esta opacidad administrativa actúa como un facilitador para que flotas extranjeras operen bajo pabellón argentino sorteando las restricciones legales.
Ante la evidencia de estas maniobras, la propuesta central apunta a la creación de un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros. Esta herramienta permitiría centralizar y actualizar en línea los datos de las embarcaciones, sus propietarios reales y el historial de sanciones, garantizando que el acceso al caladero nacional se dé bajo condiciones de legalidad y equidad. La transparencia efectiva se presenta como la única vía para fortalecer la gobernanza pesquera y evitar que se repitan negocios oscuros con los recursos naturales del país.