El doctor Diego Martínez Zapata, asesor legal de las cámaras CAPIP y CAFACH, señaló que la iniciativa oficial no incluyó las observaciones técnicas del sector y alertó sobre el riesgo de una inminente judicialización de la norma. Cuestionó la posible retroactividad de la ley y la afectación de derechos adquiridos de los actuales permisionarios.
Tras el dictamen de comisión en la Legislatura del Chubut para avanzar con el proyecto de ley de «Ficha Limpia» en el sector pesquero, el doctor Diego Martínez Zapata, uno de los abogados que representa los intereses de la Flota Amarilla y de las empresas procesadoras, expresó su preocupación por la falta de incorporación de las sugerencias técnicas presentadas por la industria. Según el letrado, el texto actual presenta vulnerabilidades legales que podrían derivar en planteos ante la justicia apenas la norma sea promulgada.
«Advertimos que del trabajo de comisión y del dictamen que se que se designó oportunamente no se había tomado ninguna de las sugerencias que y aportes técnicos que habíamos hecho tanto de CAPIP como de de CAFACH». En ese sentido, el abogado sentenció: «Este proyecto de ley, así como está, no pasa un test de constitucionalidad«.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento radica en la retroactividad de la norma y cómo afectaría a los actuales titulares de permisos, quienes ya poseen concesiones otorgadas por plazos de entre 10 y 15 años. Al respecto, Martínez Zapata explicó: «Independientemente de la actividad de la norma a futuro no puede desbaratar derechos adquiridos y justamente es una de las cuestiones observables de la lista constitucional que nosotros mencionamos… a los fines de evitar una judicialización».
El letrado profundizó en la distinción que debería hacer la ley entre los vínculos ya establecidos y las nuevas autorizaciones. «Relaciones jurídicas ya consolidadas con permisionarios que tienen por ley el otorgamiento del permiso a 15 y 10 años no se les debería aplicar. No quiere decir que no sean controlados. Sí tienen que ser controlados… pero estas nuevas casuísticas de caducidad y suspensión no le serían aplicables. Sí relaciones jurídicas futuras en donde el nuevo permisionario sabe cuáles son las reglas del juego».
Asimismo, el abogado del sector objetó la posibilidad de que se aplique una doble penalización o «doble persecución» sobre los empresarios, especialmente en casos de delitos de orden común o ejecuciones fiscales. «Pretender que luego de haber cumplido una pena, que tiene un fin de resociabilización, practicarle la caducidad de un permiso… entendíamos que eso tiene algún que otro viso de constitucionalidad». Sobre las deudas impositivas, agregó: «El Estado tiene la ejecución fiscal para cobrar compulsivamente aquel permisionario… No hay motivo para que eso sea una causal de caducidad automática».
«ESTIGMATIZACIÓN A LA PESCA»
Finalmente, en diálogo con el programa radial Activemos de FM Del Viento, Martínez Zapata lamentó lo que calificó como una «estigmatización del sector pesquero» al ser el único rubro industrial al que se le pretende aplicar este régimen de exclusión: «¿Por qué solamente se comienza o se inicia con este proyecto de ley solamente al sector pesquero? En verdad hay otros sectores industriales y de producción como es la energía, el petróleo, los concesionarios de casinos, loterías, el concesionario de La Hoya… que también les cabría este proyecto». Según el abogado, la calificación de «Ficha Limpia» es «totalmente exógena a una actividad industrial o productiva», por lo que sugirieron sin éxito cambiar el título a «Registro provincial de antecedentes sancionatorios al sector pesquero».