El gobernador Ignacio Torres firmó el Decreto N° 1052, mediante el cual se rechazó el recurso jerárquico presentado por Red Chamber Argentina S.A. y se dio por extinguido el contrato de arrendamiento y charteo de buques que la Provincia mantenía con la empresa desde 2014. El decreto sostiene que la relación contractual venció por plazo y, de manera subsidiaria, que se registraron múltiples incumplimientos de la compañía en materia de inversiones, mantenimiento de los bienes y pago del canon locativo. A su vez, el Gobierno provincial concluyó que Red Chamber obtuvo beneficios económicos superiores a las obligaciones asumidas, lo que justificó la decisión de no renovar el vínculo.
Hagamos un repaso de la historia: La Provincia había declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación los buques de Alpesca S.A. y un inmueble industrial en Puerto Madryn, con el objetivo de mantener en pie la actividad productiva y preservar fuentes de trabajo. En ese marco, en 2014 se suscribió un contrato con Adalina S.A. (hoy Red Chamber) para que operara los bienes por cinco años, con posibilidad de prórroga. El acuerdo incluía un plan de inversión de 20 millones de dólares, la reactivación inmediata de barcos de la flota Promarsa, la reparación de cuatro buques de merluza y la puesta en funcionamiento de la planta en un plazo de 60 días. Además, la empresa debía incorporar gradualmente hasta 600 trabajadores y abonar un canon mensual de $300.000, ajustable de manera anual.
La Provincia remarcó que la compañía incumplió varios de esos compromisos. En primer lugar, destaca que el plan de inversión no se ejecutó en los términos pactados: solo dos embarcaciones, el Promarsa III y el Cabo Vírgenes, se encontraban operativas, mientras que otros buques continuaban fuera de servicio sin planes formales de reparación. Según la Secretaría de Pesca, no hubo mantenimiento adecuado de las maquinarias de la planta de Puerto Madryn, muchas de las cuales permanecieron inutilizadas, y la inversión comprobada no superó los 700 mil dólares.
En paralelo, se señala que la empresa utilizó permisos de pesca asignados para garantizar rentabilidad sin reinvertir en la unidad productiva. El informe oficial estima que Red Chamber obtuvo ganancias netas superiores a 33,5 millones de dólares a partir del uso de permisos de la flota amarilla, el Promarsa III, el Cabo Vírgenes y el Patagonia Queen, este último de propiedad propia pero operado con permisos de Alpesca. La Provincia consideró que la compañía no solo recuperó cualquier inversión inicial, sino que generó beneficios “muy superiores” a lo estipulado, lo que habilitaba a no renovar el vínculo.
En cuanto a la defensa de la empresa, el decreto reconoce que Red Chamber denunció demoras en la transferencia de permisos y cuestionó la falta de debido proceso en la resolución administrativa. Sin embargo, el Gobierno rechazó esos argumentos, aclarando que la transferencia de permisos no formaba parte del contrato y que la Secretaría de Pesca y el Comité de Administración de Alpesca tenían facultades para declarar la extinción del vínculo sin necesidad de un procedimiento bilateral. El Ejecutivo sostuvo además que no hubo vulneración del derecho de defensa, dado que la compañía pudo recurrir por vía jerárquica y plantear sus argumentos.
Finalmente, el decreto interpretó que la cláusula quinta del contrato no garantizaba una renovación automática indefinida, sino que habilitaba a la Provincia a extinguir el vínculo una vez recuperada la inversión o en caso de no prosperar el proceso de expropiación. Bajo esa lógica, se concluyó que Red Chamber ya había recuperado con creces lo invertido, lo que hacía inviable prolongar la relación contractual.
En base a todos estos fundamentos, el gobernador Torres resolvió rechazar el recurso de la empresa, dar por extinguido el contrato y archivar el expediente, confirmando así lo dispuesto previamente por la Resolución 67/2025 de la Secretaría de Pesca y el Comité de Administración de Alpesca.