El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, advirtió sobre la necesidad de actualizar los convenios laborales del sector para sostener la competitividad exportadora en un contexto de caída de precios internacionales y elevada presión impositiva. Planteó que los marcos laborales “antiguos” deben adecuarse a la realidad económica global para garantizar la continuidad del empleo y la rentabilidad del sector.
De la Fuente reconoció que “no ha sido un año fácil” para la industria pesquera y que la actividad enfrenta desafíos estructurales vinculados con la productividad, los costos y los mercados internacionales. «En el sector pesquero hemos sido punta de lanza en discusiones de convenios colectivos, que están antiguos, que hay que adaptarlos a la productividad y a la actualidad mundial», agregó.
«La industria pesquera no es competitiva. La reforma laboral podría ayudar», agregó.
Subrayó que la flota congeladora tangonera, integrada por más de 120 buques, protagonizó una fuerte discusión este año en torno a la actualización de los convenios, cuyos valores referenciales “el mundo ya no paga”.
“Si no somos competitivos y no adaptamos convenios, se hace muy complejo sostener la producción”, advirtió.
También reclamó medidas que alivien la carga impositiva sobre el langostino argentino: “Por no tener un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea pagamos el 12% de aranceles, y si le sumamos las retenciones, la situación se vuelve crítica”, sostuvo. En paralelo, pidió avanzar en acuerdos diplomáticos que permitan abordar la actividad de las flotas extranjeras en la milla 201, a la que calificó como “pesca no declarada, no reglamentada, pero no ilegal”.
Pese al escenario adverso, De la Fuente destacó que la Argentina cuenta con un caladero sustentable y un marco legal sólido. “La Ley Federal de Pesca es lo más importante; es una verdadera política de Estado”, afirmó. Finalmente, consideró que con un tipo de cambio en torno a los 1.500 pesos por dólar, el sector se encuentra “en un punto de equilibrio” que le permite sostener su capacidad exportadora y preservar la actividad en los principales puertos del país.