Las cámaras que integran la industria pesquera nacional comunicaron ayer la suspensión de todas las zarpadas programadas de la flota congeladora tangonera en aguas nacionales, como medida excepcional ante la escalada de amenazas, intimidaciones y violencia sufridas por trabajadores que manifestaron su voluntad de embarcarse.
Esta decisión busca preservar la seguridad física y emocional de las tripulaciones y sus familias. En las últimas horas, varios marineros recibieron amenazas directas, incluyendo mensajes intimidatorios y agresiones personales, que fueron denunciados ante las autoridades correspondientes. La situación ha alcanzado un nivel de gravedad tal que ya se han presentado denuncias por amenazas de muerte, lo que motivó incluso intervenciones judiciales y allanamientos.
“No podemos permitir que trabajadores que han decidido libremente ejercer su derecho al trabajo sean puestos en riesgo. La familia está primero, y cuando se la amenaza, se transgreden los límites más profundos de la convivencia social y laboral”, expresaron representantes del sector.
Libertad y trabajo bajo amenaza
Desde hace meses, la actividad pesquera enfrenta un conflicto gremial prolongado que viene impidiendo la normal operación de numerosas unidades productivas. En este contexto, un número creciente de tripulantes había optado por retomar las actividades, en acuerdos individuales y voluntarios con las empresas, como vía para garantizar su sustento y la continuidad de una temporada clave para la actividad exportadora nacional.
Sin embargo, tal como denunció públicamente la industria pesquera, la respuesta ha sido una ofensiva coordinada de violencia, aprietes y extorsión por parte de sectores gremiales que buscan frenar cualquier intento de normalización de la actividad, incluso mediante métodos ajenos al marco legal y sindical. Esta conducta pone en jaque no solo el inicio de la temporada de pesca de langostino, sino el conjunto del entramado económico y social de las regiones costeras.
Llamado a la responsabilidad institucional
El arco empresarial pesquero exigió a las autoridades una intervención urgente y decidida, que permita restablecer condiciones mínimas de seguridad y legalidad para el desarrollo de la actividad.
“Instamos a que el Estado Nacional, las autoridades provinciales y municipales, y especialmente las entidades gremiales responsables, condenen sin ambigüedades estos hechos y se comprometan con la paz social y el trabajo argentino”, señalaron desde las cámaras.
La actividad pesquera representa más de 46.000 empleos directos, genera exportaciones por más de 2.000 millones de dólares anuales y es uno de los motores productivos clave de las provincias del litoral marítimo.