A través del decreto 340/2025, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo Régimen de Excepción para la Marina Mercante Argentina y declaró como servicio esencial a la navegación marítima y fluvial destinada al transporte comercial de personas, mercaderías y carga.
La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, apunta a reducir costos, simplificar trámites y atraer inversiones en un sector que hace años viene reclamando por mayor competitividad. Desde ahora, armadores argentinos podrán inscribir sus buques en registros extranjeros, suspender provisoriamente la bandera nacional, y operar con otras banderas en condiciones más favorables, sin perder conexión con el país.
Además, se permitirá que barcazas extranjeras, como por ejemplo paraguayas, se registren en Argentina para operar como embarcaciones locales. Eso sí: deberán cumplir con el requisito de tener al menos el 75% de su tripulación compuesta por argentinos o residentes legales.
Otro de los cambios importantes es la extensión del plazo de cabotaje para barcos internacionales. Pasan de 30 a 60 días, lo que abre la puerta a un mayor movimiento interno de cargas con naves extranjeras. “Es insólito que hoy haya productos que viajan en camión desde Tierra del Fuego por falta de alternativas”, ironizó el ministro Federico Sturzenegger al anunciar la medida.
Según explicó, operar un buque con bandera argentina puede ser hasta cuatro veces más caro que hacerlo desde otros países de la región. “Estamos eliminando sobrecostos innecesarios y dando más libertad a los armadores para elegir su dotación sin presiones externas”, agregó.
A su vez, el decreto le otorga carácter de “servicio esencial” al transporte marítimo y fluvial. Esto significa que, en caso de conflictos gremiales o paros, debe garantizarse al menos el 75% del funcionamiento normal del servicio —y el 50% en actividades estratégicas como la cadena alimentaria o sanitaria.
También se facilitará la inscripción y baja de buques en la matrícula nacional y se eliminarán trabas para habilitar talleres de reparación. El objetivo es que todo el sistema funcione con menos burocracia.
El Gobierno sostiene que estas medidas llegan en un momento clave. En los fundamentos del decreto se reconoce que el sector atraviesa una “crisis de competitividad” por regulaciones que, lejos de proteger a la industria nacional, generan más costos y trabas logísticas, especialmente para las economías regionales.
El cambio no es menor. El nuevo régimen apunta a reactivar una actividad que supo ser estratégica, con la expectativa de que, en esta nueva etapa, la navegación recupere protagonismo y se convierta en una herramienta concreta para bajar costos y mejorar la logística en el país.