El conflicto salarial entre el SOMU y la CAFACh continúa sin resolverse, y Raúl Durdos, secretario general del sindicato, admitió que el principal obstáculo es una diferencia de interpretación del acuerdo firmado en octubre de 2023. Mientras que desde el SOMU sostienen que los ajustes salariales deben calcularse sobre la inflación acumulada mes a mes, la CAFACh insiste en que los incrementos deben aplicarse sobre el valor base de referencia, una fórmula que se utilizó históricamente en las negociaciones. Este desacuerdo sigue poniendo en riesgo el inicio de temporada en Rawson, pero los empresarios aseguran que la solución debe basarse en los precedentes y acuerdos previos, como el firmado en 2018, que estableció un mecanismo claro para ajustar los salarios sin generar incertidumbre.
«A casi un año de la firma de ese acuerdo seguimos en la disyuntiva de interpretación entre nosotros la parte sindical y la parte empresarial de este acta de recomposición salarial», apuntó Durdos luego de su paso fugaz por Chubut. De esta manera, desestima los propios planteos de su delegado en Rawson, Ramón Vera, quien viene sosteniendo que la problemática es por «un capricho» del sector empresarial de directamente no querer pagar lo que se debe.
El eje central del conflicto radica en cómo se debe aplicar la cláusula gatillo establecida en el acuerdo de 2023. Mientras que el sindicato demanda que los incrementos se calcule la inflación sobre la inflación de cada mes, los empresarios sostienen que el criterio correcto es aplicar los aumentos sobre el precio base del langostino, tal como se ha hecho en años anteriores.
El SOMU plantea que «el acta firmada está homologada por la Secretaría de Trabajo y debe respetarse», según lo expresado por Ramón Vera. Además, destacan que «hay otras empresas que no pertenecen a la cámara que decidieron acordar el pago de esa cláusula en enero», lo que para el sindicato demuestra que la cámara tiene margen para cumplir con los términos del acuerdo.
La CAFACh no desconoce el impacto de la inflación, pero argumenta que cambiar las reglas de juego y aplicar ajustes sobre valores acumulados genera una inestabilidad innecesaria, afectando tanto a los empresarios como también a los trabajadores.
Durdos, por su parte, ha sido claro en su postura: «Si está firmado y homologado, hay que cumplirlo. Después, el resto lo podemos discutir, pero el acuerdo firmado es claro».
En tanto, a ello desde la Cafach señalan que el acta firmada en octubre de 2023 fue homologada bajo las mismas reglas que los acuerdos anteriores, por lo que el reclamo del SOMU carece de sustento legal. Entonces, apuntan, el problema no es la negativa a pagar, sino cómo se debe aplicar la cláusula de ajuste, defendiendo que su postura se basa en un modelo de negociación que funcionó todos los años anteriores.
A semanas de un tentativo inicio en aguas provinciales, el conflicto se encuentra ahora en manos de la Justicia. Mientras tanto, ambas partes siguen defendiendo sus posturas. Los empresarios apelan a la previsibilidad de las reglas del juego, mientras que desde el SOMU subrayan que lo acordado debe cumplirse sin interpretaciones que perjudiquen a los trabajadores.