Cámara Argentina de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la República Argentina (CAPECA) presentaron una nota ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) en la que sostienen que no será necesario realizar una “marea interruptiva” para conservar los permisos de pesca. Apoyan su posición en la Ley Federal de Pesca y en una resolución del propio CFP que define el cómputo de los plazos de inactividad comercial.
Las cámaras explicaron que, debido al conflicto sindical que impide la salida de la flota, las empresas asociadas decidieron no armar sus barcos durante la actual temporada 2025. Sin embargo, destacaron que esta decisión no debería comprometer la validez de los permisos de pesca, ya que la normativa vigente contempla mecanismos de justificación de inactividad.
En su presentación, CAPIP y CAPECA hacen referencia al artículo 28 de la Ley 24.922 y al artículo 1 de la Resolución CFP N° 2/2020, la cual establece que los titulares de permisos deben solicitar la justificación de inactividad dentro de un plazo de 180 días desde la última actividad comercial del buque. Según las cámaras, en el caso de los buques langostineros, ese plazo debe computarse desde el inicio de la temporada, es decir, desde el 9 de julio de 2025, cuando se habilitó la pesca comercial en la Subárea 12.
A partir de ese criterio, entienden que el ciclo de 180 días transcurrirá de manera continua hasta el inicio de la temporada siguiente (2026), ya que la campaña actual será más corta que ese período. En consecuencia, afirman que no será necesario realizar una marea “para cortar el plazo” con el fin de conservar la vigencia del permiso.
En diálogo con REDES AL MAR, señalaron que el planteo busca dejar sentado que la inactividad actual es plenamente justificable en los términos legales y evitar eventuales interpretaciones erróneas o decisiones administrativas que puedan afectar los derechos de las empresas armadoras.
Las cámaras subrayaron además que algunas empresas ya alcanzaron acuerdos con otros gremios —como la Asociación de Capitanes y el Sindicato de Conductores Navales—, lo que contrasta con la postura “dogmática e irrazonable” que atribuyen a la dirigencia del SOMU y SIMAPE, a quienes responsabilizan por la paralización actual.
Por último, indicaron que cada empresa cumplirá con las presentaciones correspondientes ante la autoridad pesquera, tal como lo exige la normativa. Reiteraron que la situación excepcional de esta campaña debe ser entendida dentro del marco legal vigente, el cual contempla mecanismos para justificar la inactividad sin que ello implique la pérdida de los permisos de pesca
