Representantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca mantuvieron una reunión de trabajo en el Edificio Guardacostas, centrada en el fortalecimiento de la seguridad náutica y la aplicación de normativas internacionales en la actividad pesquera. Del encuentro participaron el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez; el director de POLINAVE, José Fernando Dos Santos; el representante de CAPeCA y CAPIP, Eduardo Boiero, y el secretario general de Capitanes de Pesca, Jorge Frías.
El temario incluyó tres ejes principales. Por un lado, se analizaron las exigencias técnicas y operativas que impone el Acuerdo de Ciudad del Cabo para la seguridad de los buques pesqueros, que entrará en vigencia en febrero próximo. También se discutió la simplificación normativa, ante la sobreabundancia de reglamentos vigentes y la necesidad de optimizar los procesos sin resignar rigor técnico. Y se evaluó la definición de roles y responsabilidades compartidas entre la autoridad de aplicación, los armadores y los mandos a bordo.
De ese análisis surgió una distribución de tareas entre las partes: la Prefectura Naval quedó a cargo de la fiscalización y actualización del marco regulatorio de seguridad; las cámaras empresarias CAPeCA y CAPIP, de la adecuación técnica de la flota y el mantenimiento de estándares operativos; y la Asociación de Capitanes de Pesca, del cumplimiento efectivo en alta mar y el ejercicio del mando conforme a la normativa.
Los participantes coincidieron además en la necesidad de fortalecer una cultura de prevención integral en la actividad, y alcanzaron consenso en tres puntos: promover la concientización individual y la responsabilidad personal de cada tripulante en el cumplimiento de las medidas de seguridad; reafirmar el respeto a la autoridad de la PNA y a la estructura de mando a bordo; y comprometer el acatamiento del marco normativo vigente para reducir los riesgos operativos en la pesca marítima.