La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) denunció que el Reino Unido captura anualmente más de 261.000 toneladas de recursos pesqueros en aguas de las Islas Malvinas, una cifra que representa más de un tercio de toda la pesca argentina y que genera cerca de 1.000 millones de dólares por año, en un esquema que opera sin ningún tipo de control del Estado nacional.
La investigación fue impulsada por Raúl Cereseto, presidente de la FULASP y empresario pesquero chubutense, quien viajó a las Islas Malvinas entre el 11 y el 18 de abril para relevar información en territorio y reunirse con autoridades locales. A partir del cruce de datos públicos y privados, registros oficiales e información satelital, el informe determinó que el Reino Unido consolidó un modelo de explotación basado en la entrega de cuotas pesqueras de largo plazo de hasta 25 años a flotas extranjeras que operan sobre especies migratorias originadas en el Mar Argentino. Solo por la venta de licencias, el gobierno isleño recauda unos 39 millones de libras esterlinas anuales, y la actividad pesquera representa entre el 65% y el 75% de la economía de las islas.
Las cifras adquieren una dimensión particular al compararlas con los números argentinos: «Nosotros tenemos 5.100 kilómetros de costa, una zona económica extensísima y pescamos 800.000 toneladas con 48 millones de habitantes. Ellos tienen 3.700 habitantes y un tercio de las capturas», señaló Cereseto a REDES AL MAR.
De ese total, el calamar Illex argentinus concentró 146.689 toneladas en 2024, uno de los registros más altos de la última década. El modelo es casi exclusivamente extractivo: el 70% de lo capturado se transfiere directamente en alta mar hacia los países de las flotas operadoras, el 10% pasa por Montevideo y apenas el 20% toca tierra en las islas. «Se vende la cuota, los barcos vienen, pescan y se llevan el recurso. No hay industria, no hay agregado de valor, no hay generación de empleo local significativo«, describió el dirigente.
El informe también advierte sobre los riesgos ecológicos del esquema. La explotación intensiva y sin coordinación regional ya tuvo una consecuencia concreta: la segunda temporada de pesca de calamar Loligo de 2024 debió ser cancelada por falta de biomasa. A eso se suma la presión constante sobre la denominada Milla 201, donde buques con licencia isleña desarrollan actividades intensivas e incursiones ilegales en la Zona Económica Exclusiva argentina.
«Es un sistema que no solo extrae recursos, sino que además genera una presión constante sobre el ecosistema y sobre la propia actividad pesquera argentina», afirmó Cereseto.
El informe también registró 59 tripulantes fallecidos en la región entre 2013 y 2021, lo que evidencia condiciones laborales críticas en contexto de escasa fiscalización.
Frente a este panorama, la FULASP anunció una serie de acciones ante organismos nacionales e internacionales: presentaciones ante la Subsecretaría de Ambiente por riesgo ecológico, gestiones ante el MERCOSUR por el impacto regional, reclamos diplomáticos ante Cancillería y pedidos ante la Unión Europea para revisar beneficios arancelarios a productos pesqueros provenientes de Malvinas.
«Este no es un problema pesquero: es un problema de soberanía, de desarrollo económico y de sustentabilidad ambiental. El Reino Unido ha montado un sistema de extracción sistemática de recursos argentinos con complicidades internacionales, y eso debe ser denunciado en todos los ámbitos», concluyó Cereseto.