La temporada de calamar en aguas argentinas cerró con un resultado positivo en términos de abundancia del recurso, aunque no faltaron las tensiones sobre el manejo y la sostenibilidad de la pesquería. La Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) celebró la decisión del Consejo Federal Pesquero (CFP) de rechazar un pedido de dos nuevos permisos del Grupo San Isidro, al considerar que la incorporación de más barcos pondría en riesgo la sustentabilidad del recurso.
Actualmente operan 78 poteros sobre un total de 82 permisos habilitados, sin que se hayan emitido nuevas autorizaciones en los últimos años. El sistema argentino no establece cuotas individuales por embarcación, sino un límite global de captura que se cierra al alcanzar la “tasa de escape” biológicamente segura definida por el INIDEP. En ese esquema, incorporar más buques no aumenta el volumen total disponible, sino que acorta la temporada y reduce la rentabilidad de cada armador.
En diálogo con REDES AL MAR, desde la cámara subrayaron que el debate sobre nuevos permisos debe leerse en paralelo con el problema de la pesca en la milla 201, donde flotas extranjeras operan sin control argentino. En ese escenario, reclaman a Cancillería avanzar en acuerdos bilaterales con potencias como China, España, Portugal, Corea y Taiwán para transparentar la información sobre capturas y evitar un deterioro mayor de la pesquería. “Agregar barcos indiscriminadamente solo lleva al descontrol”, plantean en off.
La coyuntura del calamar muestra, además, la creciente participación de capitales extranjeros en la flota nacional. Según CAPA, más de dos tercios de los permisos hoy están en manos de compañías de origen chino, taiwanés o coreano, que operan bajo las mismas reglas que las empresas argentinas, pero con mayor respaldo financiero y unidades más modernas. Esto genera diferencias de competitividad con armadores locales que aún trabajan con barcos más antiguos y menos eficientes.
En paralelo, la Cámara avanza en el Programa de Mejora Pesquera (PROME) que busca sentar las bases para obtener una certificación internacional de sustentabilidad, con acompañamiento del INIDEP, la ONG Sustainable Fisheries Partnership (SFP) y la plataforma Fishery Progress. Se estima que el proceso demandará al menos dos años y que en 2026 podría encararse la auditoría para certificar la pesquería.
Desde el plano económico, la zafra 2025 dejó un incremento del 11% en las exportaciones de calamar respecto del año anterior, aunque con diferencias de precios según destino. España pagó valores promedio más altos que China, mercado que hoy se autoabastece parcialmente con flotas propias. Para el dirigente, la eliminación de retenciones a las exportaciones sería un paso clave para mejorar la ecuación económica del sector y evitar que, en un escenario de baja de precios internacionales, las empresas pierdan competitividad.