En el marco del IV Congreso de Ingeniería Pesquera (CONIPE), se desarrolló la mesa “Cooperación para el desarrollo acuícola argentino: Ciencia, producción y planificación territorial”, un espacio en el que investigadores, referentes estatales y organismos internacionales analizaron los desafíos de la acuicultura en el país. El debate, coordinado por Cecilia Castaños, docente investigadora y directora del CIDAPAL, y moderado por Guillermo Abdala Bertiche, ex director nacional de Acuicultura, puso en el centro la necesidad de construir un modelo sustentable y competitivo, con identidad argentina.
Raúl Cereseto participó de la mesa como representante del sector empresario, y en su exposición advirtió que el principal desafío para el desarrollo del sector pasa por contar con un marco jurídico claro y estable que brinde seguridad a las inversiones. La acuicultura, apuntó, necesita “reglas de juego” que otorguen previsibilidad y permitan proyectar a largo plazo, tanto para las empresas como para los trabajadores vinculados a la actividad.
“El desafío que tenemos en la acuicultura es, desde el punto de vista empresarial, llevar marcos políticos que nos otorguen progresividad como primer paso, para que después pueda haber una demanda más sostenida”, señaló.
Otro eje de su exposición fue la relación del sector con la sociedad. Cereseto reconoció que, al igual que en la pesca, la acuicultura suele desarrollarse de espaldas a la ciudadanía. Y se preguntó: “¿Cuánto le explicamos a la sociedad lo que estamos haciendo? ¿Cuánto sabe la sociedad lo importante que es el proyecto?. El problema es cuánto le explicamos a la sociedad lo que estamos haciendo y qué proyectos tenemos”, señaló, al tiempo que cuestionó que las opiniones ambientalistas se formen muchas veces a partir de información parcial o incompleta.
También mencionó que, en la construcción de una mirada social sobre la actividad, pesan las percepciones ambientales. “Se forma una opinión ambientalista que está muy bien, pero muchas veces exagerada por desconocimiento”, afirmó. Y agregó que el sector debe abrirse más, transparentar procesos y mostrar los avances en certificaciones: “Nueve años tardó la actividad en certificar la pesquería de langostino. Hoy, lejos del ideal, sabemos que el camino lo estamos recorriendo”.
«El desafío es lograr seguridad jurídica y, al mismo tiempo, abrir las puertas para que la sociedad entienda qué tipo de desarrollo productivo queremos impulsar”, resumió.