El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) presentó ayer una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn contra las empresas Conarpesa S.A. y Agropez S.A., a las que acusa de incumplir el convenio colectivo vigente y de aplicar prácticas de presión sobre los marineros para que acepten una reducción en los valores de producción. El gremio sostuvo que esta actitud empresarial constituye una “extorsión” que pone en riesgo la paz social y vulnera los derechos laborales de los trabajadores del sector pesquero.
Según el comunicado difundido por el sindicato, la denuncia fue realizada por el secretario de la seccional local, César Zapata, quien señaló que ambas compañías comenzaron a convocar nuevamente a las tripulaciones luego de meses sin operar, pero con la exigencia de que los marineros firmen acuerdos individuales con rebajas salariales. El gremio consideró esta práctica como un “chantaje” inaceptable, en un contexto donde muchos trabajadores atraviesan una situación económica delicada y temen represalias laborales si se niegan a firmar.
“El personal citado lleva años trabajando como efectivos en esos barcos y tiene derecho a embarcar bajo los valores establecidos en el convenio colectivo de trabajo, el cual fue acordado entre las partes, homologado por el Ministerio de Trabajo y continúa plenamente vigente”, expresó el sindicato.
El SOMU recordó además que, en el acta de acuerdo firmada el pasado 10 de julio entre las partes ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación, tanto las cámaras empresarias como el sindicato se comprometieron a actuar de buena fe conforme a lo que establece el convenio colectivo. En este sentido, el gremio advirtió que las acciones de las empresas denunciadas violan ese compromiso y alteran las condiciones pactadas.
Finalmente, el sindicato deslindó responsabilidades por cualquier incidente que pudiera derivarse del conflicto, y responsabilizó al grupo empresario por eventuales daños “físicos, materiales o sociales” que puedan producirse como consecuencia de lo que calificó como una conducta “unilateral e ilegal” para modificar las condiciones salariales sin el consentimiento ni el acuerdo correspondiente. El conflicto se da en un momento crítico para la flota congeladora, que aún no ha iniciado formalmente la temporada de pesca por la falta de acuerdo con los gremios marítimos.