Una nueva audiencia realizada este lunes en la Secretaría de Trabajo de la Nación finalizó sin acuerdo entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresarias del sector pesquero, agudizando un conflicto que ya lleva más de dos meses y mantiene paralizada la operatoria de la flota congeladora en plena temporada de langostino en aguas nacionales.
Durante la reunión, que se extendió por más de seis horas en la sede del Ministerio de Capital Humano, participaron representantes de las cámaras CAPECA, CAPIP y CEPA, junto a la conducción nacional del SOMU encabezada por Raúl Durdos.
En el intercambio, el sector empresario lamentó la “posición intransigente” del sindicato frente a las propuestas presentadas, que apuntan a recomponer la ecuación económica de la pesca de langostino de altura, fuertemente afectada por la caída de precios internacionales, la presión fiscal y el encarecimiento de los costos internos. En ese sentido, destacaron que incluso se habían realizado ofertas superadoras respecto a los ingresos reales de temporadas anteriores y que otras organizaciones gremiales como la Asociación de Capitanes y el gremio de maquinistas (SICONARA) sí accedieron a negociar condiciones que permitieran reactivar la operatoria de sus tripulaciones.
PREPUESTA EMPRESARIAL, RECHAZO Y LIBERTAD DE ACCION
Entre los puntos ofrecidos por las cámaras se destacó una reducción del 22% en los valores de referencia para la producción, con cláusulas de sensibilidad que permitirían ajustes al alza según la evolución de los precios de exportación. También se propuso absorber ciertos costos fijos y dejar sin efecto otros planteos que habían sido parte de las ofertas iniciales. Pese a ello, remarcaron, todas las propuestas fueron rechazadas sin contrapropuestas concretas del sindicato.
Frente al estancamiento, las cámaras empresarias solicitaron formalmente quedar en “libertad de acción” para establecer acuerdos individuales con los marineros que, de manera voluntaria y fehaciente, acepten embarcar bajo las nuevas condiciones. Argumentaron que la prioridad debe estar en garantizar la continuidad de las unidades productivas, la estabilidad de los ingresos familiares y la preservación del empleo en toda la cadena laboral pesquera.
NO A LA BAJA, LA UNICA RESPUESTA
Del otro lado, el SOMU respondió con la misma respuesta del primer día: No a la baja. Ratificó su rechazo a cualquier esquema que implique una rebaja en los salarios de producción y calificó de “falsa” la supuesta crisis estructural del sector, al asegurar que no existe documentación seria que la acredite ni empresas incursas en procedimientos preventivos de crisis. Negó también haber convalidado situación económica crítica alguna en acuerdos anteriores con empresas puntuales.
En su intervención, el sindicato sostuvo que la posición no es “intransigente”, sino un límite claro frente a intentos de retroceder en derechos laborales. También advirtió que el pedido de «libertad de acción» que reclaman las cámaras no solo es improcedente legalmente, sino que implicaría, en los hechos, una violación de los convenios colectivos vigentes y una profundización del lockout patronal denunciado semanas atrás.
Mientras el tiempo corre, la flota congeladora sigue sin zarpar y se acumulan los perjuicios económicos, tanto para los trabajadores embarcados como para las plantas de procesamiento y proveedores logísticos que dependen de la actividad. La continuidad del conflicto amenaza con comprometer seriamente una temporada clave para las economías regionales vinculadas a la pesca en la Patagonia.