Como adelantó REDES AL MAR, la intención de la Fiscalía Rawson, por pedido del poderoso grupo empresario del Puerto de Rawson, es que los seis sindicalistas del SUPA denunciados por extorsión sigan con la prisión preventiva detrás de las rejas en el Institutito Penitenciario Provincial.
En la audiencia de control de detención este viernes la Fiscalía de Rawson, a través de la fiscal Florencia Gómez, pidió la continuidad de la prisión preventiva en un centro de detención para seis sindicalistas del SUPA que están siendo investigados por los delitos de extorsión y amenazas contra empresarios propietarios de empresas de estibaje. La jueza Breckle resolverá este sábado a las 10 horas si los imputados seguirán detenidos o no en un centro de detención.
La jueza de garantías Karina Breckle abrió la investigación contra otro nuevo imputado. Se trata de Cristian Pérez, vocal de ese gremio.
La audiencia se prolongó durante diez horas de este viernes y se desarrolló en parte presencial y en parte vía web. La fiscalía fundamentó el pedido a que, en caso de ser hallados culpables, les podría caber una pena superior a los cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por lo que se sospecha que de seguir el proceso en libertad o bajo la modalidad de arresto domiciliario, podrían fugarse o entorpecer la investigación.
Sumados a otros argumentos -como por ejemplo los nuevos hechos que surgen a profundizarse la investigación- los fiscales también pidieron que la prisión preventiva se cumpla en un instituto carcelario.
Se investiga a los sindicalistas del SUPA por extorsionar y exigir dinero a empresarios pesqueros chubutenses entre los meses agosto y septiembre del 2023, a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza que llevaban adelante a través del gremio.
También Breckle autorizó la ampliación y modificaciones de los hechos por los cuales son investigados los seis sindicalistas de la conducción del Sindicato Unidos Portuario de la Argentina (SUPA). En una extensa audiencia en la que además se trataron variados temas, se resolvió la constitución de querellantes y se presentaron nuevos defensores de los imputados Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vera, José Zambrano y Juan Carlos Inaleff y ahora Cristian Pérez.
Se investigan los delitos de extorsión en carácter de coutores. Los denunciantes son Raúl Cereseto, Rafael Suárez, Ezequiel Jaroslavsky, Sergio Pantano y Luis Santander. En la audiencia de este viernes se sumó Oscar Aravales con los nuevos hechos que se enrostran a algunos de los imputados.
Los defensores cuestionaron algunas medidas de prueba de descargo a la vez que presentaron medidas de descargo que a criterio de la jueza Breckle, deberán ser evaluadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal en función de su obligación legal de “objetividad”. En este sentido los defensores de los imputados hicieron una extensa exposición sobre las pruebas que reunieron en favor de los imputados.
Derecho a la intimidad
La jueza Breckle puso énfasis a las medidas y niveles de responsabilidad a tener en cuenta para preservar los datos íntimos y privados ajenos a los objetivos de la investigación, en función del secuestro de celulares y la necesaria preservación de los derechos de los cinco imputados.
Los representantes de la Fiscalía de Rawson Florencia Gómez y Leonardo Cheuquemán, fueron los encargados de hacer conocer los nuevos hechos que ahora se investigan y las modificaciones a los hechos originales descriptos hace un mes, cuando se realizó la audiencia de apertura de investigación. Afirmaron que la audiencia realizada es solo para que se lo informe a los imputados de los nuevos hechos. También aceptaron las pruebas de descargo de los defensores, las que serán analizadas en el transcurso del proceso, a la vez que se destacó el cumplimiento del principio de “objetividad”.
En esta audiencia se presentaron los defensores Abdo Manyauik (representa al imputado Pérez) y Valeria Corbacho, sumados a Marcela Caminoa y abogados de Comodoro Rivadavia, como así también del querellante Nicolás Dálbora que representa los intereses del denunciante Raúl Cereseto. El plazo de investigación sigue su transcurrir y en cinco meses más la Fiscalía de Rawson deberá presentar la acusación.