El Consejo Federal Pesquero realizó la renovación de la asignación de las Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC) de la merluza común (hubbsi), que regirá desde 2025 a 2039. Las organizaciones ambientales Sin Azul No Hay Verde (SANV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) señalaron que procesos como la cuotificación, que asignan a privados la explotación de recursos comunes, deben ser más transparentes y que la sociedad debe contar con herramientas que permitan evaluar el desempeño de los operadores, la sostenibilidad del recurso y la distribución justa, equitativa y transparente de las cuotas.
A pesar de la importancia ambiental, social y económica de la merluza para el desarrollo argentino, el reparto de sus cuotas se da a puertas cerradas entre un grupo de empresas y las autoridades pesqueras, sin divulgación ni acceso a documentación respaldatoria destinada a la sociedad, lo que permitiría evaluar o revisar el proceso de toma de decisiones.
Esta nueva cuotificación se suma al proceso realizado en septiembre pasado, cuando fueron otorgadas las cuotas de las especies merluza negra, merluza polaca y merluza de cola, todas dentro del régimen de CITC y sometidas al mismo procedimiento.
Por otra parte, se actualizó el Derecho Único de Extracción (DUE), que alcanzó más del 2% (anteriormente era del 0,15%). En ambos procesos no hubo información previa a la toma de decisiones ni explicación de cómo fueron adoptadas las medidas. Recién una vez ejecutada la distribución, se informó el acto administrativo a través de las actas de la reunión y las resoluciones del Consejo Federal Pesquero.
El Régimen de CITC, establecido por la Ley Federal de Pesca (N° 24.992) y regulado por el Consejo Federal Pesquero, es central para asegurar el manejo de los recursos pesqueros de cinco especies (merluza negra, merluza de cola, merluza polaca, merluza común o hubbsi y vieira). A través de este régimen, un barco y/o empresa disponen de un porcentaje de captura de una especie del total asignado a toda la flota (Captura Máxima Permisible). Las cuotas son transferibles, es decir, pueden ser vendidas o prestadas entre barcos y/o empresas, y tienen un alto valor económico.
La Ley establece cinco ítems como parámetros para la distribución de la cuota: el historial de captura de un barco, la mano de obra, producción, inversiones y sanciones. Sin embargo, los porcentajes de incidencia que tendrán dichos parámetros sobre la fórmula de asignaciones son establecidos por el Consejo Federal Pesquero. En 2009, el porcentaje de ponderación que se aplicaba para la merluza hubbsi a cada empresa por su historial de sanciones era del 5%, pero en 2024 este ítem bajó a un 0,1%.
En los cinco factores que se toman en cuenta para la asignación de cuotas, no se contempla ningún aspecto relativo a la sustentabilidad de la operación de la empresa y/o barco. Todos son factores relacionados con la explotación y la productividad; el ambiente y los impactos sobre la especie y el ecosistema marino prácticamente no se consideran. Hasta ahora, al menos en lo relativo a sanciones, este 5% de factor de ponderación podría promover e incentivar prácticas más sostenibles. Con la reducción actual de este porcentaje, que ya era bajo en relación con los otros parámetros, prácticamente se elimina cualquier posibilidad de que en la distribución de cuotas se contemple algún aspecto relativo al comportamiento de la empresa en términos de sostenibilidad.
Hoy en día es muy difícil acceder al historial de sanciones de las empresas que operan en aguas jurisdiccionales. No existe un registro de información pública, y el acceso a estos datos mediante el proceso administrativo de acceso a la información pública pocas veces arroja resultados positivos. La transparencia es esencial para garantizar una gestión pesquera eficiente que asegure la sostenibilidad del recurso. Una mala gobernanza de la pesca puede generar sobreexplotación del recurso y una injusta distribución de sus beneficios.
Las organizaciones demandan un registro público en línea que permita tener acceso a la información de la flota pesquera que opera en el territorio nacional, como existe en otros países de la región. Argentina no cuenta con información actualizada, disponible y de fácil acceso sobre la cantidad de barcos, su matrícula, propietarios, características técnicas como artes de pesca, capacidad de captura, licencia o cuota de pesca asignada y antecedentes de sanciones.
Organizaciones ambientales, Sin Azul No Hay Verde (SANV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) denunciaron que la sociedad debe contar con herramientas que permitan evaluar el desempeño de los operadores, la sostenibilidad del recurso y la distribución justa, equitativa y transparente de las cuotas.