El exdirector de Discapacidad de Rawson durante la gestión de Rossana Artero, Jorge Dorado, denunció presuntas irregularidades y digitación en la entrega de permisos de pesca y posibles «pagos de sobornos» a diputados provinciales para la aprobación de la nueva Ley de Pesca.
El exfuncionario envió una dura carta al secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, con copia al Fiscal de Estado, doctor Andrés Giacomone, y al jefe de la Unidad Anticorrupción, Fiscal Omar Rodríguez, en la que advierte sobre posibles irregularidades y solicitó que investiguen el caso.
La misiva enviada a Aguilar tiene por objeto «hacerle llegar algunas consideraciones, ya que aparentemente las negociaciones para poder «consensuar» y lograr los votos para su aprobación produjo importantes demoras, que hasta significaron una advertencia de la diputada Andrea Aguilera», en referencia a la última sesión de la Legislatura provincial, en la que se aprobó la Ley.
Dorado manifestó que se hizo eco de las declaraciones de la legisladora Rossana Artero, en las que expuso los fundamentos de las modificaciones que había planteado introducirle al proyecto, a fin de garantizar la transparencia en el otorgamiento de los permisos de pesca.
La diputada había planteado la importancia de que los mismos fueran otorgados mediante licitaciones públicas. Y añadió Dorado «con importantes montos de base, para permitir recaudar fondos que tanto necesita nuestra provincia y especialmente los puertos, y estableciendo obligaciones laborales a los beneficiarios de los permisos». Además, dijo que «sus propuestas no fueron tenidas en cuenta, por ello me veo obligado a efectuar esta presentación y hacer algunas consideraciones».
De la exposición de la legisladora, Dorado destacó el interrogante referido al «criterio que se va a utilizar para elegir a los nuevos permisionarios», y también que «una frase me llamó la atención, refiriéndose a los nuevos permisos que se entregarán sin que medie contraprestación económica, es que ‘no ponía en duda la honorabilidad de ningún colega diputado’. Es llamativo que tuviese que hacer esta innecesaria aclaración».
Además, en la nota dirigida a Aguilar, expuso que «el poder de policía en el control de la pesca es privativo de su área, el recurso de los langostinos son provinciales porque están dentro de las 12 millas», y se preguntó «cuál es el motivo por el cual se tienen que seguir otorgando gratuitamente y porqué la provincia no buscaría dividendos y beneficios».
También, aseveró que «me aseguraron que los permisos ya tendrían dueños de antemano y serían, por supuesto según trascendidos y charlas de distintos ámbitos, beneficiadas las siguientes empresas: Food Partners Patagonia S.A, y las multinacionales españolas Iberconsa de Argentina S.A. y Pescapuerta S.A.».
«Por otro lado, el permiso de la modalidad conocida como Vacopa, estaría destinado a la empresa Pesca Ecopron SRL y se gestionaría, conforme a trascendidos, a través de un importante asesor comodorense del Gobernador y de su círculo íntimo», puntualizó.
Y además aclaró que los datos aportados «se relacionan con charlas informales de gente del medio, que pueden tener o no asidero, pero de cumplirse esta información, estaríamos frente a una maniobra nada clara y a una Ley hecha a medida y dirigida a determinados beneficiarios y posiblemente se incurriría en un delito».
Por último, señaló que «espero y descuento su celo por los intereses provinciales y que establecerá una reglamentación que los proteja», y a partir de la copia dirigida a Giacomone y a Rodríguez «seguramente velarán y colaborarán para que no se cumplan los trascendidos detallados».
Fuente El Chubut