El acceso a la información sobre la pesca en Argentina es complicado y poco claro. Así lo denunciaron las organizaciones Sin Azul no Hay Verde (SANHV) y Círculo de Políticas Ambientales (CPA) en un informe que pone el foco en la falta de transparencia del sector. Según sostienen, el país no cuenta con un registro público de embarcaciones que permita a cualquier ciudadano conocer quiénes operan, qué permisos tienen y qué sanciones recibieron. Mientras se habla mucho de la rentabilidad y de los derechos de extracción, pero poco de la sostenibilidad de la actividad, estas organizaciones reclaman medidas para mejorar la gestión de los recursos pesqueros.
El informe detalla cómo funciona el sistema de cuotas y permisos en la pesca argentina y quiénes son los actores que intervienen. También explica que, aunque la información sobre la flota y su desempeño es pública en teoría, en la práctica es difícil de acceder. Para obtener datos sobre permisos, sanciones o antecedentes de una embarcación, hay que atravesar un proceso burocrático complejo que incluye pedidos formales, recopilación de actas y un arduo trabajo de interpretación. “Esta información debería estar disponible de forma clara y accesible para todos, sin necesidad de trámites engorrosos”, afirmó Juan Coustet, coordinador de Investigaciones e Informes de SANHV.
Otro punto clave del documento es la falta de integración entre la Ley Federal de Pesca y otras normativas ambientales, como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Según las organizaciones, es fundamental que las regulaciones del sector pesquero se alineen con estos marcos legales para garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Milko Schvartzman, responsable del Programa de Océanos del CPA, señaló que el debate sobre la pesca en Argentina suele centrarse en los derechos de explotación y los beneficios económicos, dejando en un segundo plano la sostenibilidad de la actividad. “Se habla mucho de los dueños de las empresas, pero nada sobre el desempeño de las embarcaciones. Esto es clave para definir la asignación de cuotas y permisos”, sostuvo.
En este sentido, las organizaciones proponen la creación de un registro digital de embarcaciones que incluya información detallada sobre permisos, propietarios y antecedentes de infracciones. Este tipo de herramientas ya existen en otros países y han demostrado ser efectivas para mejorar la transparencia y la gestión de los recursos. “No se trata solo de cumplir con una obligación legal, sino de permitir que la sociedad conozca cómo se manejan los recursos pesqueros, que son bienes comunes”, concluyó Schvartzman.