Mediante la Resolución N° 0040, la autoridad provincial aprobó un nuevo protocolo de cumplimiento obligatorio que busca mitigar riesgos ambientales y operativos. Los armadores deberán garantizar custodia permanente y planes de mantenimiento, bajo apercibimiento de multas y remociones forzosas.
La Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, a cargo del Dr. Andrés Arbeletche, oficializó la puesta en marcha del «Protocolo de Control y Gestión de Buques Inactivos», una medida regulatoria que apunta a reordenar los espacios operativos y garantizar la seguridad en la jurisdicción portuaria de la capital provincial.
La normativa, dictada el pasado 29 de enero, surge como respuesta a la problemática de la permanencia prolongada de embarcaciones sin actividad operativa, las cuales constituyen un riesgo crítico para la infraestructura pública, la operatividad de los muelles y el medio ambiente.
Alcance y exigencias
El protocolo es de aplicación obligatoria para todos los buques amarrados en muelles bajo la Dirección General de Puertos de Explotación Directa que no registren actividad por más de 30 días, o que se encuentren inactivos por reparaciones o fin de temporada.
Entre las nuevas obligaciones, los armadores deberán:
• Designar un sereno o custodia permanente con datos de contacto informados a la autoridad.
• Garantizar la estanqueidad y estabilidad de la unidad.
• Presentar un plan mínimo de mantenimiento preventivo y mantener medios de achique operativos.
• Contar con seguros vigentes y documentación actualizada.
Intervención estatal y sanciones
La Autoridad Portuaria llevará un registro detallado de cada embarcación inactiva y realizará inspecciones visuales y documentales periódicas. El protocolo contempla que ante la detección de ingreso de agua, falta de custodia o deterioro estructural, el Estado intervendrá de manera inmediata, dando aviso a la Prefectura Naval Argentina y adoptando medidas de emergencia sin requerir autorización previa del armador.
Todos los costos derivados de estas intervenciones, incluyendo reflotamientos o remociones, serán imputados directamente al responsable del buque. Asimismo, el incumplimiento de estas pautas dará lugar a sanciones que incluyen multas y restricciones de amarre.
Con esta medida, la provincia busca evitar siniestros que afecten la navegación y la operatividad del puerto pesquero más importante de la región, delegando la responsabilidad plena de la conservación del buque en el armador, tal como lo establece la Ley de la Navegación N° 20.094.