Camarones es un pueblo de mar, pero sus barcos no pescan. No porque no quieran, sino porque no pueden. La última ley de pesca de Chubut, sancionada en 2022, eliminó todos los permisos artesanales de la localidad y solo dejó vigentes los de Comodoro Rivadavia. Así, un puerto con historia, con tradición pesquera, quedó vacío a la espera del permiso para salir a flote.
El reclamo para corregir esta situación es cada vez más fuerte. Expermisionarios y trabajadores del sector exigen que se creen permisos de langostino, el recurso que podría devolverle actividad al puerto. En la Secretaría de Pesca lo saben pero tienen sobre la mesa una alternativa: permitir que los barcos artesanales de Comodoro –esos que operan con 150 cajones de merluza– puedan trabajar indistintamente en Camarones. No se habla de langostino, ni de una tolerancia al bycatch. Solamente merluza. Un primer paso, aunque todavía sin fecha concreta de implementación.
La idea es reactivar la actividad pesquera en la zona y, de paso, aliviar la crisis que atraviesa el puerto local. Pero acá es donde aparecen los nuevos problemas. Porque Camarones, además de no tener permisos, tampoco tiene una administración portuaria propia.
Hoy, las decisiones se toman desde Rawson, a 250 kilómetros de distancia. Y la idea del Gobierno Provincial es cambiar eso.
Administrativamente, ya se dieron los primeros pasos para que Camarones tenga su propia administración portuaria. Tiene lógica. Es difícil gestionar un puerto sin una estructura local que se haga cargo de la operación diaria. Las razones son evidentes. La actividad es baja, pero los costos fijos están. Hay personal de guardia, mantenimiento, limpieza, servicios básicos. Y alguien tiene que pagar la cuenta. Hoy, esa pérdida la está cubriendo la Secretaría de Pesca con los ingresos que genera el puerto de Rawson.
El puerto es deficitario y arrastra pérdidas que oscilan entre 7 y 9 millones de pesos por mes. Y si bien la administración provincial tiene la voluntad de descentralizar la gestión portuaria y darle a Camarones su propia administración, todavía no se sabe cómo solventarla.
La intendenta Claudia Loyola lo sabe bien. Subir las tarifas para cubrir los costos operativos sería una solución en cualquier otro contexto, pero no en este. Un aumento de tasas expulsaría a los pocos barcos que aún llegan a Camarones en las primeras semanas de la temporada de aguas nacionales, cuando el langostino todavía está bien al sur. Y las descargas irían directamente a los puertos de Comodoro o Puerto Madryn. Además, el movimiento de cruceros que empiezan a llegar tampoco aportan lo suficiente para equilibrar las cuentas.
El dilema está planteado y la solución aún no aparece. En la Secretaría de Pesca buscan una salida, pero sin un modelo financiero todavía viable, la administración portuaria local sigue siendo un ideal más que una realidad.
Mientras tanto, los pescadores de Camarones miran al mar con la misma pregunta que el gobierno provincial aún no puede responder: ¿cómo se vuelve a poner en marcha un puerto que hoy no tiene barcos propios?