A través de una nueva resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se extendió la vigencia de los mandatos de la conducción nacional del SOMU por un mes y medio. Mientras tanto, el tribunal posterga la definición sobre la validez de las elecciones generales, manteniendo al sindicato en un estado de transitoriedad institucional.
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso una nueva prórroga de 45 días para los mandatos de las autoridades nacionales del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), una medida que busca evitar la acefalía del gremio pero que, a su vez, dilata el cierre definitivo del conflicto electoral que mantiene en vilo a los afiliados. La decisión alcanza exclusivamente a los miembros del Secretariado Nacional, el Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas, quienes continuarán en sus cargos bajo tutela judicial mientras se dirime la legitimidad de los comicios celebrados en diciembre pasado.
Esta nueva extensión, notificada formalmente este miércoles 25 de marzo, establece que el plazo de 45 días comenzará a computarse desde el presente pronunciamiento y aclara taxativamente que los mandatos no podrán ser prorrogados nuevamente sin una autorización judicial expresa. Con esta firma, los jueces Diana R. Cañal y Alejandro H. Perugini ratifican la necesidad de «resguardar debidamente la representación» sindical para evitar intervenciones estatales, aunque dejan pendiente el tratamiento de los cuestionamientos presentados por la oposición sobre el acto electoral.
El fallo se produce en un clima de fuerte tensión interna, donde diversos sectores, como la Seccional Corrientes, vienen denunciando maniobras de la conducción central para perpetuarse en el poder invocando las prórrogas judiciales de forma indebida. Si bien el tribunal desestimó ciertos planteos recientes de las partes, reconoció que la validez definitiva de la elección nacional aún debe ser resuelta con el «fondo de la cuestión», una instancia que sigue sin definirse debido a la falta de conformidad de la parte actora y la complejidad de las impugnaciones.
De esta manera, la gestión que encabeza Raúl Durdos gana tiempo legal, pero el sindicato continúa bajo una sombra de incertidumbre jurídica. Al no resolverse si las elecciones de 2025 fueron válidas o si deben repetirse, la justicia laboral mantiene una administración provisional que, según denuncian los sectores críticos, solo posterga una crisis institucional que afecta la normal operatividad de las seccionales y la defensa de los derechos de los trabajadores marítimos en todo el país.