La industria pesquera de Chubut espera una definición del Superior Tribunal de Justicia tras haber impugnado la constitucionalidad de la Ley de Ficha Limpia para el sector pesquero. Gustavo González, presidente de la Cafach, cuestionó la naturaleza de la norma al considerarla discriminatoria y advirtió que la mayor irregularidad reside en su pretensión de legislar con carácter retroactivo, afectando derechos ya consolidados bajo permisos vigentes por plazos de hasta quince años.
El problema legal para la implementación de la Ficha Limpia únicamente en la industria pesquera de Chubut sigue sin resolver las cuestiones técnicas dentro del Poder Judicial. Luego de que el Poder Ejecutivo avanzara con la sanción y promulgación de la norma, la CAFACh interpuso una acción ante el Superior Tribunal de Justicia cuestionando la validez de gran parte de su articulado. Según explicó Gustavo González el sector no solo ve fallas jurídicas en el texto, sino también un sesgo punitivo que no se aplica a otros contratistas del Estado.
“La verdad es que el proyecto y la ley de ficha limpia nos parece, desde todo ángulo, inaplicable y estigmatizante para el sector y hemos hecho una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de inconstitucionalidad en la gran mayoría de sus artículos”, apuntó González en diálogo con Radio Chubut.
La controversia escaló debido a que la ley propone condiciones que vulneran el principio de irretroactividad de las normas, al intentar sancionar conductas previas a su entrada en vigencia. González detalló que el expediente fue trasladado a la Procuración de la provincia para el dictamen correspondiente, un paso previo antes de que los magistrados del Superior Tribunal de Justicia emitan su fallo definitivo.
En su análisis de los vicios legales, el empresario puntualizó que «una ley tiene que decir cuáles son las nuevas condiciones para adelante, pero no puede generarte un perjuicio de algo hacia atrás. Y la ley de ficha limpia decía que te podían suspender permisos por acciones que tengas inclusivas hasta dos años hacia atrás”.
Mientras el trámite judicial sigue su curso, el sector pesquero mantiene una relativa calma operativa, dado que la vigencia de los permisos de pesca actuales no depende de una renovación inmediata que pudiera verse trabada por los alcances de la nueva legislación.
Sin embargo, la expectativa por una resolución que brinde seguridad jurídica es lo que más preocupa a las empresas armadoras: “Tendría que haber una pronto disposición de un dictamen sobre la presentación que hizo la Cámara de la Flota Amarilla, esperemos que sea en el corto plazo”.
