Los sindicatos adheridos a la FEPA se reunirán en plenario para definir medidas ante la falta de resolución del conflicto en los puertos de Chubut. El paro afectaría a terminales portuarias pesqueras, cereales y de carga generales.
Los gremios portuarios están evaluando la posibilidad de llevar a cabo un paro en todos los puertos cerealeros, pesqueros y de cargas generales del país en solidaridad con los trabajadores estibadores de Chubut.
Esta medida se discutirá en un plenario nacional de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) que se llevará a cabo en Puerto Madryn, bajo la dirección de Marcelo Osores, secretario general de la organización.
La convocatoria responde a la falta de avances en las negociaciones para normalizar la situación laboral en los puertos de la provincia de Chubut y el peligro institucional que atraviesa el SUPA local, en el marco de la presunta persecución empresarial denunciada por el gremio.
La preocupación por el presente de Chubut ya sobrepasó las barreras del ámbito pesquero, y los puertos cerealeros, de cargas generales y todo el arco federativo se acoplaron a la medida y han respondido al llamado del secretario general de la FEPA. Los principales líderes sindicales de la FEPA se están trasladando hacia Puerto Madryn para participar en este plenario. Se contará con la presencia de los sindicatos de los principales puertos del país, como Chubut, Santa Cruz, San Antonio Oeste (Río Negro), de Rosario y San Martín (Santa Fe), Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata (Buenos Aires) y la Capital Federal.
Se espera que en esta reunión se otorgue a la dirección de la federación la facultad para tomar medidas de acción directa que podrían afectar a todos los puertos del país.
La FEPA ha estado negociando con el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, en medio de un conflicto laboral y salarial complejo que enfrenta el gremio local con los empresarios portuarios.
La situación se ha agravado con la detención preventiva de cinco dirigentes del SUPA Chubut debido a acusaciones de extorsión por parte de un sector minoritario del empresariado, en un contexto que el gremio ha descrito como una «persecución empresarial».