La Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), bajo la representación de su presidente Gustavo González y el patrocinio del doctor Diego Martínez Zapata, interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia para frenar la aplicación de la Ley IX N° 180, alegando que la normativa vulnera derechos adquiridos y genera una inseguridad jurídica total.
La Flota Amarilla advierten que la modificación de las reglas de juego afecta permisos otorgados por plazos prolongados sobre los cuales se realizaron inversiones millonarias, cuestionando además la potestad del Estado para quitar autorizaciones de forma automática sin derecho a defensa ni instancia previa. Según el sector, la ley mezcla cuestiones fiscales ajenas a la actividad para presionar a los permisionarios, poniendo en riesgo el corazón productivo de la provincia y la estabilidad laboral en los puertos que van desde Rawson hasta Comodoro Rivadavia.
“Esta ley no ordena la pesca, la pone en riesgo: cambia las reglas, castiga sin defensa y usa los permisos como herramienta de presión. Así no se puede trabajar ni invertir en la provincia”
El núcleo del reclamo, según pudo saber REDES AL MAR, radica en que la reforma altera de manera drástica las condiciones de permisos que ya se encontraban consolidados bajo la histórica Ley IX N° 157, y que este cambio desbarata la planificación de las empresas que invirtieron y generaron empleo basándose en la vigencia de sus concesiones, las cuales ahora se ven amenazadas por nuevas causales de caducidad.
El documento presentado ante el máximo tribunal detalla que la industria pesquera soporta una estructura de costos e impuestos millonarios que continúan corriendo independientemente de si hay actividad o no, por lo que cualquier traba legal que impida el desarrollo de una temporada tendría consecuencias económicas catastróficas para el erario público y el sector privado de Chubut.
Fuentes calificadas de la industria en diálogo con este porta, señalaron con una mirada más técnica que «la nueva ley permite al Estado actuar como juez y parte al utilizar los permisos de pesca como una herramienta de presión para el cobro de deudas». La crítica principal apunta a que la norma habilita la quita automática de derechos de explotación ante faltas que no tienen relación directa con la pesca, como deudas fiscales o problemas de índole personal, violando garantías constitucionales básicas al no permitir un descargo previo por parte del afectado.
La CAFACh insiste en que la ley sumerge al sector en una fragilidad legal que podría derivar en una ola de amparos y litigios contra la administración provincial.
Con el conflicto ya instalado en los tribunales de Rawson, el sector productivo espera que la justicia restaure la previsibilidad necesaria para resguardar las inversiones y los miles de puestos de trabajo que dependen de la zafra de langostino y otros recursos marítimos.