El gobernador recientemente electo para la provincia de Chubut, Ignacio Torres, se volvió a pronunciarse enfáticamente respecto a los siete nuevos permisos de pesca otorgados para la Flota Amarilla, expresando su preocupación por la forma en que fueron concedidos y la aparente falta de beneficios para la provincia.
En sus declaraciones, Torres fue enfático al señalar que los últimos permisos de pesca aprobados por la Legislatura provincial deben ser objeto de un proceso judicial, debido a que considera que fueron mal otorgados y no han generado los beneficios esperados para la región.
Además, el gobernador electo hizo hincapié en su intención de derogar dichos permisos en la medida de lo posible. En caso de que esta opción no sea factible, afirmó que buscará las herramientas legales necesarias para revertir la situación y dar marcha atrás con dichas autorizaciones.
Torres sostuvo que los últimos permisos de pesca aprobados por la Legislatura “hay que judicializarlos porque fueron mal otorgados y no hubo beneficios para la provincia” y agregó que “en lo posible los vamos a derogar y sino buscaremos las herramientas legales para dar marcha atrás”.
Estas declaraciones de Ignacio Torres revelan su firme postura frente a un tema sensible y estratégico para la provincia de Chubut, como lo es el otorgamiento de permisos de pesca millonarios para la Flota Amarilla, los cuales fueron otorgados discrecionalmente, con nombre y apellido, sin ser objeto de una licitación pública.
Estos permisos fueron otorgados a Estrella Patagónica, Veraz y Consermar, lo que generó una gran controversia en el proceso de reparto.
La designación de los tres permisos de pesca para plantas de procesamiento despertó dudas sobre la transparencia y equidad en el proceso de selección de las empresas beneficiadas.
En relación a Conarpesa, se ha dado a conocer que la empresa estaría evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales ante la asignación de estos permisos.
En particular, tres de los permisos de pesca destinados a plantas de procesamiento fueron objeto de controversia. Las empresas agraciadas, Estrella Patagónica, Veraz y Consermar, fueron favorecidas en medio de un proceso poco transparente y sin explicaciones claras por parte de la autoridad de aplicación. Esta falta de transparencia sembró interrogantes sobre los criterios utilizados para otorgar tales beneficios millonarios, lo que deja una sombra de duda sobre posibles influencias y favoritismos detrás de estas decisiones.
Las críticas se centran en la ausencia de un proceso equitativo y justo, así como en la falta de información sobre cómo se llevaron a cabo las evaluaciones y selecciones.
En este contexto, la empresa Conarpesa manifestó su intención de judicializar la situación. Esta acción legal evidencia la gravedad de las irregularidades percibidas en el proceso y agrega un componente de incertidumbre y tensión al panorama pesquero de la provincia.
Por otro lado, aunque se han creado tres nuevos permisos de pesca artesanal y se aumentó la cantidad de VACOPA, esta decisión queda empañada por la discrecionalidad de la asignación. La falta de transparencia en la entrega de estos permisos pone en duda la verdadera intención de apoyar el desarrollo de la pesca artesanal y los VACOPA, y si realmente se tuvieron en cuenta criterios objetivos y justos para su distribución