El 26 de febrero pasado, el gobierno pro-británico de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que son parte del reclamo argentino de soberanía por las Islas Malvinas y aledañas, anunció la ampliación de la zona de exclusión pesquera sobre amplias porciones de ese territorio de ultramar que Argentina reivindica como propio.
El gobierno de esas islas especifica la dimensión de los cambios en las zonas de pesca legal en la región. Según hicieron saber voceros “se anunció la designación de nuevas zonas de veda total de pesca dentro de la actual zona marina protegida de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur”. Los voceros acotaron que “las zonas que quedarán totalmente vedadas a la pesca comercial aumentan en 166.000 km2 hasta 449.000 km2, con lo que se protegerá el 36% de la zona marítima de la SGSSI (frente al 23% anterior)”, explicaron.
Los voceros continuaron con su explicación, al afirmar que “recientemente se ha llevado a cabo la segunda revisión quinquenal del área marina protegida de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Ha sido dirigida por un experto independiente y ha incluido talleres y consultas con científicos y representantes de las industrias pesquera y turística y grupos ecologistas”. En la misma línea, aseguraron que “la decisión se basa en las recomendaciones derivadas del informe de esta revisión y otros informes científicos recientes pertinentes, al tiempo que tiene en cuenta los derechos y obligaciones del Reino Unido en virtud de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos”, destacaron.
COMUNICADO DE GOBERNADORES
Este jueves, en el marco del Encuentro de Gobernadores Patagónicos celebrado en Puerto Madryn, luego de la lectura del acto y la participación de cada gobernador, se dio lectura a un anexo especial de rechazo a la decisión del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de ampliar en 166.000 kilómetros cuadrados la zona de prohibición de pesca en la pretendida área marina protegida en las islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur.
La declaración expresa que esa decisión es «un nuevo acto de provocación británico cuya génesis surge en el año 2012 en donde se estableció de forma ilegal y unilateral un área marina protegida de más de un millón de kilómetros cuadrados en torno a las islas Georgia y Sandy del Sur e impusieron restricciones absolutas a la actividad pesquera y de navegación en la superficie de aproximadamente 283.000 kilómetros cuadrados».
«Cabe destacar que este accionar atenta no sólo contra la resolución número 31-49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que impide las acciones unilaterales mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía», indica la declaración.
Asimismo, sostiene que «este tipo de acciones que son adoptadas por fuera del marco multilateral de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos atentan de forma directa contra el sistema del Tratado Antártico en materia de conservación de los recursos vivos marinos».
Los gobernadores patagónicos pidieron a la Cancillería Argentina que «además del documento de rechazo esgrimido profundice la actitud de reclamo en todos los foros internacionales».