La Fiscalía de Rawson imputó a la dirigencia del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) por presuntos casos de extorsión y amenazas dirigidas a empresarios del sector pesquero en la provincia del Chubut.
La audiencia se celebró esta mañana de jueves en Rawson. Durante los meses de agosto y septiembre del año pasado, se reportaron incidentes en los que algunos líderes sindicales supuestamente habrían intimidado a empresarios. Entre los señalados figuran Alexis Gutiérrez, Bruno Vera, Claudio Villarroel, José Zambrano y Juan Carlos Inalef. Hoy todos ellos fueron imputados por extorsión.
Vale recordar que en el mes de enero se allanaron los domicilios de los sindicados, secuestrando sus teléfonos celulares que luego fueron peritados dando información sensible para desentrañar la investigación.
La investigación es llevada a cabo por la Oficina de la Unidad en la ciudad de Rawson, con la intervención de la Fiscal General Florencia Gómez, la Jueza Penal Ivana González.
Según la versión presentada por empresarios del ámbito de la estiba, se habrían registrado episodios de amenazas y presión para el pago de sumas de dinero por parte de ciertos dirigentes sindicales durante los mencionados meses. Según las denuncias, estas amenazas habrían sido comunicadas vía telefónica, con advertencias de paralizar la actividad portuaria y posibles consecuencias negativas para las empresas y sus familias en caso de no cumplir con las demandas financieras.
El primer incidente reportado tuvo lugar el 18 de agosto de 2023, durante una reunión entre representantes del SUPA y empresas estibadoras para discutir los precios del mercado. En este encuentro, se habría exigido a cada empresa el pago diario de una suma de 2.400.000$, supuestamente destinada a los representantes sindicales, bajo la amenaza de paralizar las operaciones portuarias y bloquear las descargas de materia prima. Ante esta solicitud, los empresarios presentes rechazaron realizar dicho pago, argumentando que no estaba respaldado por ningún acuerdo previo ni por las disposiciones laborales existentes.
Posteriormente, el 24 de agosto de 2023, se reportó que Gutiérrez habría amenazado a Raúl Cereseto con con meterlo en problemas, “arruinar el negocio” y “hacer boleta a vos y a tu familia”. Además, el 25 de agosto, la cúpula sindical del SUPA habría ordenado no enviar trabajadores a las estibas de las empresas representadas por Cereseto y Ezequiel Jarosvlavky, quienes se negaron a realizar pagos bajo amenaza por parte de los líderes sindicales.
Después de una serie de negociaciones, el 30 de agosto de 2023, se llegó a un acuerdo entre las partes en la ciudad de Puerto Madryn, en el que se declaró que los eventos ocurridos el 25 de agosto fueron resultado de un malentendido. Como parte de este acuerdo, Cereseto habría propuesto darle 1500 cajones, valuados en 813.990$ cada uno, a Gutiérrez, Vera y Villarroel
Sin embargo, el 24 de septiembre de 2023, se reportó otro paro en la descarga en el puerto de Comodoro Rivadavia, donde la empresa Trekan SRL se habría negado a continuar la descarga de la mercancía del barco Lucas Santino, propiedad de la empresa Santander. Esto habría sido consecuencia de un presunto incumplimiento por parte de Santander con un acuerdo previo firmado en julio y agosto de 2023 para reajustar los salarios de los estibadores.
El 29 de septiembre de 2023, durante una reunión entre Santander y Juan Carlos Inalef y José Zambrano, quien habría manifestado que «las medidas de fuerza van a seguir ocurriendo si no acordás pagarnos a mí y al Chu (Juan Carlos Inalef) 4 jornales por mes. Y si en algún momento dejás de cumplir, se va a parar la actividad de su empresa…”.