La pesca es una de las actividades más reguladas, ricas, generadora de divisas y a la vez, fuente de conflictos justamente por la división de la «torta». Cuando no se discute por las cuotas, es por los permisos, o por los impuestos, o por las paritarias del sector, o por el rol de las reparticiones oficiales, o por el Indep, o por la sustentabilidad del caladero, o por las sub declaraciones de pesca no permitida. Luego, y que nadie se ofenda, existe una especie de «minué» en la actividad pesquera. Todos están simulando que entonan una melodía, pero al mismo tiempo están bailando una bien diferente. En la actividad pesquera, poco de lo que estamos viendo es lo que realmente ocurre.
El jueves pasado estalló un conflicto del tipo paritario entre el gremio SUPA (los estibadores portuarios) y algunas empresas. Formalmente, el paro fue por falta de elementos de seguridad e higiene, pero la cuestión de fondo es salarial. La acusación del sindicato era que ciertas firmas relacionadas a la CAFACH no querían aceptar un acuerdo «firmado por nuestra patronal», dijo el secretario general local Alexis Gutiérrez. Las filas de gente esperando a ver si les regalaban langostinos que habían quedado inmovilizados se constituyeron rápidamente en «noticia nacional» en medios porteños.
Como sea, el conflicto apareció de improviso generando un problema ambiental inmediato, con los barcos de la Flota Amarilla en plena zafra y cargados hasta arriba de langostinos. El gobernador, anoticiado del motín que impedía bajar langostinos en los muelles públicos, ordenó la rápida intervención de las secretarías de Pesca y Ambiente para suspender las actividades de inmediato, ya que el langostino no debe perder la cadena de frío.
La Prefectura Naval dio una mano para traer de regreso a los barcos que estaban en alta mar, hasta tanto se resolviera el conflicto, lo que aún no ocurre. Se bajó el langostino, pero el sábado a la mañana el SUPA pegó el faltazo a una reunión a la que concurrieron otros gremios, empresas, y gobierno. Los citarán el martes nuevamente. Recordatorio: el STIA llamó a una movilización para el miércoles. Quizá se ahorren el trabajo.
Como dijimos, rara vez lo que ocurre en la actividad pesquera es lo que parece. Los intereses siempre son enormes. Lo que dicen en el gobierno provincial es que ese famoso acuerdo paritario que el SUPA invocaba para que lo firmen todas las empresas, habría sido una especie de «auto aumento» de sindicalistas que tendrían intereses y afinidades en algunas empresas de estibaje. «Están en los dos lados del mostrador… se dieron el aumento ellos y salieron a ‘apretar’ a todos…» dicen en el gobierno.
Ese acuerdo fue firmado por algunas empresas en noviembre -en el conflicto anterior, un 168 % de aumento- y otras (la mayoría) no firmaron. En esa oportunidad, la temporada no arrancaba, el SUPA tenía una nueva conducción que le había ganado el gremio al oficialismo sindical, y tuvieron que intervenir Nacho Torres y el intendente de Rawson, el radical Damián Biss, para destrabar el lío y que la temporada arrancase mientras seguían discutiendo. También se había firmado un acuerdo para no frenar la actividad.
Lo que ocurrió es que los barcos quedaron en el puerto con el langostino abordo, mientras la gente se agolpaba con baldes porque alguien hizo correr la voz de que estaban regalando la pesca. A tres días de cerrar el año, un conflicto estuvo paralizando una de las principales fuentes de trabajo e ingresos de la región. La perspectiva si el paro continuaba era sinceramente horrible.
El Puerto de Rawson está por someterse, antes de mayo, a una certificación internacional de trazabilidad, exigida por mercados internacionales. Toneladas de langostinos podridos no hubiesen resultado una buena noticia. Si ello ocurría, además, luego el SENASA tenía que tomarse al menos diez días, o más, para revisar la salubridad y sanidad abordo de cada buque. Habría sido una catástrofe.
Con la descarga de langostinos paralizada, el resto de los gremios y las empresas hicieron tronar los teléfonos por todos lados. A nadie le conviene un paro de la pesca en temporada alta. Hubo gestiones para descargar en los muelles privados del lado sur de la desembocadura del río, mucha tensión, y cientos de toneladas de langostinos que podían comenzar a descomponerse en las bodegas de los barcos.
Lo que ocurrió da la pauta de cómo el gobernador Nacho Torres piensa manejar las cuestiones del poder, y los conflictos. Dicen que el mandatario lo llamó al secretario general del SUPA, Alexis Gutiérrez, y le habría «pronosticado» el final de la película: denuncia penal del gobierno contra él y contra el SUPA, por el daño ambiental que ocasionaría el langostino inmovilizado en el puerto.
La conversación habría sido muy dura, y el sindicalista habría aceptado luego levantar la protesta. En la madrugada de ayer y después de la intervención de Torres, del secretario de Pesca Andrés Arbeletche y del Ambiente Juan José Rivera, el gobierno comunicó el fin de la protesta, aunque seguirán negociando siempre que el SUPA se avenga a ello.
En la pesca, los actores están acostumbrados a manejar todo: los gremios, las empresas, e incluso los funcionarios les eran propios hasta hace poco. Esa época parece que se acabó, por eso Arbeletche dijo que este gobierno ordenaría la pesca, poco menos que de prepo.
Este es el punto exacto en que conviene trazar una mirada política en el «método Torres» de resolución de diferendos.