El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) está empujando, casi con desesperación, una idea que puede ser más riesgosa que reparadora: quiere crear un convenio colectivo patagónico exclusivo para el fresco de altura. Un proyecto que, si se concreta, podría partir aún más la fragmentada estructura de la pesca argentina. Hoy se reúnen con Damián Santos para tratar ese tema.
El trasfondo de esta jugada tiene como escenario la esperada apertura de aguas nacionales al sur, una pulseada que se está librando desde Mar del Plata y que promete definiciones en la próxima sesión del Consejo Federal Pesquero. Promesas hay de sobra. Realidades, pocas. Dentro del gremio sacan cuentas y creen que, si tres de las cinco provincias con representación pesquera dan su voto, la apertura sería un hecho. Y con los barcos obligados a salir a pescar, el conflicto social que amenaza con expandirse se descomprimiría, al menos por un tiempo.
El SOMU espera que se confirme una fecha para la apertura y empujan para eso. Es la presión que están ejerciendo desde Mar del Plata para adelantar la fecha. Confían en que se podría dar en la próxima sesión del Consejo Federal Pesquero, aunque hay quienes saben que es más una promesa para los propios que otra cosa.
Hoy a las 8.30 de la mañana, los representantes del SOMU tendrán una reunión con Damián Santos, gerente general del Grupo San Isidro y quien muchas veces oficia de voz autorizada del sector empresario local. El objetivo sobre la mesa es buscar conformar un convenio colectivo patagónico para el fresco de altura, confiaron actores a REDES AL MAR.
Desde el gremio entienden que el sector fresco del sur del país debe despegarse de Mar del Plata. «Es la única forma» afirman, entendiendo que hay muchas empresas locales que quieren salir a pescar con los pocos barcos fresqueros que hay.
Sin embargo, la propuesta, a simple vista atractiva para algunos, encierra más peligros que soluciones. Dividir los convenios colectivos puede abrir una caja de Pandora difícil de cerrar: diferencias salariales, condiciones laborales dispares y una competencia desleal entre regiones que siempre, tarde o temprano, termina afectando a los propios trabajadores