El Consejo Federal Pesquero (CFP) logró este jueves en una resolución clave para el manejo de merluza común (Merluccius hubbsi), al definir las asignaciones de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para el período 2025-2039.
La aprobación de renovación del régimen se logró por unanimidad.
Este régimen, que regula una de las pesquerías más importantes del país, tuvo como eje central garantizar la transparencia, la equidad y la sostenibilidad del recurso, en un marco de complejidad derivado de las demandas de distintas jurisdicciones y sectores productivos.
Un régimen complejo
La renovación de las CITC de merluza común implicó un proceso de análisis detallado, tomando como base la experiencia acumulada entre 2010 y 2023. Este período se caracterizó por la administración dinámica de cuotas, transferencias y reservas, tanto sociales como artesanales.
El CFP, en su Acta N.º 15/2024, ya había sentado las bases metodológicas para otras especies, pero la merluza común presentó mayores desafíos debido a la gran cantidad de buques, empresas y transferencias involucradas, además de las demandas específicas de cinco jurisdicciones que administran la Reserva Social. En este sentido, se incorporaron datos suministrados por la Autoridad de Aplicación, que incluyeron capturas históricas, inversiones, generación de empleo y producción, factores clave para determinar los porcentajes asignados por buque, flota y zona.
Asignaciones y ajustes en el nuevo período
La asignación de CITC se basó en un cálculo que consideró las capturas legales realizadas durante el período 2010-2023, incluidas aquellas sujetas a transferencias. El proceso también tomó en cuenta las inversiones realizadas y el impacto en la mano de obra, factores que reflejan el compromiso de las empresas con el desarrollo sustentable del sector.
Sin embargo, el CFP estableció que estos resultados podrían ser revisados una vez que se apruebe el Informe de Gestión de CITC correspondiente a 2024. En caso de detectarse irregularidades o incumplimientos, se aplicarán ajustes proporcionales en las cuotas asignadas para el nuevo período.
Además, los porcentajes asignados a buques o empresas con medidas cautelares vigentes quedarán en estado de Provisión Administrativa hasta que las decisiones judiciales permitan su resolución definitiva.