El conflicto salarial entre el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las empresas armadoras de la flota amarilla, alcanzó un punto de no retorno esta semana tras agotarse la conciliación obligatoria. En medio de la retención de actividades por parte del SOMU, ahora es la Justicia la que deberá resolver la disputa. El sector empresarial confía en que el fallo judicial se basará en el único antecedente reciente, el acuerdo paritario de 2018, en el cual se estableció una cláusula de actualización salarial, calculada sobre el valor del precio base y no sobre los valores inflacionarios acumulados, como pretende el sindicato en la actualidad.
El principal punto de desencuentro entre ambos sectores gira en torno a la actualización salarial vinculada a las variaciones inflacionarias. Hasta hace tres años, las negociaciones paritarias se realizaban de manera anual, pero la creciente inflación cambió la dinámica, imponiendo revisiones semestrales que dificultan el acuerdo y generan conflictos recurrentes.
VALOR DE REFERENCIA Y DIFERENCIAS CON EL SOMU
El origen del conflicto se remonta a octubre de 2023, cuando se firmó un acuerdo en el que se pautaba una actualización salarial para la temporada, basada en el acumulado inflacionario del último trimestre de 2023. Sin embargo, tras ocho meses de negociaciones, las partes no lograron definir cómo debe aplicarse ese incremento.
Desde el SOMU remarcaron a REDES AL MAR que el acta en cuestión firmada está homologada por la Secretaría de Trabajo y entienden que la cámara no quiere respetarla. En este sentido, señalan que hay otras empresas que no pertenecen a la entidad que decidieron acordar el pago de esa cláusula en el mes de enero.
En tanto, según los empresarios, el desacuerdo surge porque el SOMU insiste en aplicar los ajustes sobre los valores acumulados mes a mes, en lugar de hacerlo sobre el valor de de precio base que se toma de referencia.
Históricamente, la CAFACh y el SOMU pactaban aumentos sobre el valor de referencia inicial de cada año, sin tener en cuenta los incrementos intermedios. Este modelo permitía mantener una estructura previsible para todos, pero el sindicato adoptó una postura diferente este año, exigiendo que los incrementos salariales se calculen sobre la base inflacionaria acumulada mes a mes.
Desde el sindicato sostienen que la Secretaría de Trabajo de Chubut, con Nicolás Zárate a la cabeza, les dio un dictamen favorable a su reclamo, pero que más allá de cuestiones legales, el conflicto paritario se fue dilatando por cuestiones políticas, a tal punto de llegar hoy a una traba total.
EL ANTECEDENTE 2018
Uno de los principales argumentos que presenta la CAFACh para defender su posición es el acuerdo paritario de octubre de 2018, que estableció una cláusula gatillo para ajustar los salarios de los trabajadores de la flota amarilla. En ese acuerdo, se pactaron aumentos mensuales basados en el valor de referencia del kilo de langostino, fijado en $23,40 en septiembre de 2017. Durante la temporada, se aplicaron aumentos escalonados: un 60% en diciembre, un 70% en enero y un 80% en febrero, siempre tomando como base el valor de $23,40.
Diciembre: $23,40. con aumento del 60% = $38
Enero: $23,40. con aumento del 70%= $40
Febrero: 23,40. con aumento del 80%= $42
Eso fue lo acordado por el SOMU, firmado por Ramón Vera y Cristian Colín en su primer año como sindical al frente del gremio, acompañado en la firma por el Abogado Enrique Maglione, y la temporada se desarrolló bajo esos números acordados sobre el valor de referencia.
El punto de quiebre radica en cómo se habrían aplicado esos aumentos si se hubiera seguido la lógica actual del SOMU. Si el sindicato hubiera aplicado los incrementos acumulados mensualmente sobre los valores actualizados, los cálculos habrían sido diferentes: el precio del kilo de langostino habría alcanzado los $45,98 al cierre de la temporada en febrero de 2018, en lugar de los $42 acordados en ese momento.
Así las cosas, la actividad volvió a frenarse y la advertencia de Andrés Arbeletche para acomodar los números antes de la temporada provincial pone los flashes en la cubierta de los barcos amarillos. La novela del conflicto parece tener su capítulo final en la Justicia.