La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió esta semana una nueva denuncia vinculada al conflicto por Malvinas, esta vez centrada en la actividad pesquera. La presentación apunta contra directivos, administradores y representantes legales de un grupo de compañías internacionales que explotan recursos marinos en aguas argentinas amparadas en autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan el archipiélago. El expediente quedó a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N° 7, que conduce el juez Juan Pedro Galván Greenway.
La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes plantearon que este esquema de licencias vulnera de manera directa la soberanía del Estado argentino, el control aduanero nacional y la administración de los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.
El escrito identificó a siete grupos empresarios de origen gallego que operan en sociedad con firmas radicadas en Malvinas bajo bandera y licencia británica. Entre ellos figuran Lanzal, asociada a Petrel Fishing Company Ltd. y al buque Monteferro; Grupo Pereira, vinculado a Argos Group Ltd. y a los buques Argos Cíes y Argos Berbés; Pescapuerta y Copemar, ambas conectadas a South Atlantic Squid, con los buques Falcon, Prion, Robin M. Lee y Hadassa Bay —este último en reemplazo del Baffin Bay—; Ferralmes, asociada a Castelo Fishing Co. y al buque Castelo; Hermanos Touza, en sociedad con Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, vinculada a Polar Ltd. y al buque New Polar.
Según el planteo de los denunciantes, la maniobra configuraría el delito de contrabando a través de dos mecanismos. Por un lado, la evasión del control aduanero argentino: las empresas extraerían recursos pesqueros del territorio nacional para luego exportarlos, trasbordarlos en alta mar o descargarlos directamente en Puerto Argentino o en puertos de terceros países, sin pasar por la fiscalización que corresponde a la Argentina. Por otro, describieron un esquema de clandestinidad, al operar bajo permisos emitidos por una potencia que ocupa territorio nacional, lo que impediría que la Aduana controle la mercadería, cobre los derechos de exportación correspondientes y verifique el cumplimiento del régimen cambiario vigente.
Los denunciantes encuadraron esas conductas dentro de los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero, que sancionan respectivamente los actos que obstaculizan el control aduanero, la exportación clandestina de mercadería, y las agravantes vinculadas al perjuicio patrimonial del Estado, la organización de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para eludir a los organismos de control, entre ellos la Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Aduanas.
La presentación fue más allá de las empresas y también pidió investigar a funcionarios públicos nacionales, ante la posibilidad de que haya existido una omisión en las tareas de vigilancia y patrullaje del área, así como una falta de impulso en las acciones necesarias para sancionar estas conductas y reclamar el pago de aranceles y multas. Con ese objetivo, los abogados solicitaron que el juzgado libre oficios a distintos organismos: a la Prefectura Naval Argentina y al INIDEP, para obtener reportes de avistamiento e identificación de las flotas denunciadas y de cualquier otra embarcación que opere en el Atlántico Sur sin autorización argentina; a la Dirección General de Aduanas, para verificar si esas empresas registraron exportaciones o pagaron aranceles por sus capturas en la zona en disputa; y a la Inspección General de Justicia, para relevar los vínculos comerciales, filiales y activos que esas compañías extranjeras poseen en el territorio continental argentino.
La causa se suma a otro expediente que ya tramita en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py, radicado a partir de las denuncias de la Cancillería argentina por la actividad hidrocarburífera en las islas. En ese marco, el Gobierno nacional había identificado a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados a proyectos petroleros en Malvinas, listado al que en los últimos días se sumaron Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, además de profundizarse la pesquisa sobre personas vinculadas a Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
