La actividad pesquera en sus variadas ramificaciones, dada su amplitud comercial, se permite la búsqueda de mecanismos, a veces poco ortodoxos, que derivan al cabo de un tiempo, en situaciones desleales. Y sucede cuando el objetivo es abaratar costos: si bien la consciencia entiende que muchas prácticas adoptadas no son permitidas, se ejecutan sin considerar los daños.
En la franja este de la provincia hay registros de varias plantas procesadoras de pescado en tierra que laboran, presuntamente, en la marginalidad legal. Al menos, según el dato revelado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, en Camarones, Trelew (dos) y Dolavon, operan cascos desapegados a las normas establecidas para la explotación de la actividad.
El secretario General del Stia e integrante del triunvirato de la CGT del Valle y Puerto Madryn, Luis Núñez, afirmó en diálogo con EL CHUBUT que «en Trelew, hay una pesquera que contrata personal constantemente pero de manera irregular. Como sindicato hicimos varias denuncias a través de la Secretaría de Trabajo, pero siguen actuando de la misma manera».
También, a través del Stia, «a otro que siempre labramos ejecuciones es a una planta de Dolavon. Viven con problemas. En este último caso, el trabajo es temporal. Entonces, cuando inician las temporadas se les hacen las inspecciones y demás, pero se les paga a la gente menos de lo que establece el convenio. El reclamo al Gobierno es constante, sobre todo cuando se trata de plantas que trabajan de manera irregular», sin embargo «las distancias (entre ciudades) no te permiten estar encima de cada una de ellas, como debería».
DENUNCIAS
Núñez comentó que «los mismos trabajadores son los que nos señalan estas imperfecciones, y nosotros como gremio actuamos. Y los ladrones de guantes blancos son los que proveen el pescado a cualquier empresa, no les importa cómo, por eso nosotros hicimos reclamos el año pasado a otras industrias que envían el pescado a fasón para que el procesamiento se haga con mano de obra más barata, sin importar las condiciones».
«Las normas internacionales exigen determinados cuidados del recurso; pero el desapego a las normativas amerita actuar con sanciones; ocurre que esas intervenciones no avanzan porque la actividad se maneja políticamente», explicó el dirigente al referir que» las quejas se realizan a la Flota Amarilla y algunas grandes empresas cuando detectamos que el pescado que envían esas empresas no tienen cuidado».
Mínimamente a esas plantas «se debería pedirle la nómina de trabajadores y que estén todos registrados. Es una obligación que se requiere a cualquier empresa, pero muchas veces no se cumplen».
CASO TRELEW
El líder gremial subrayó que en Trelew «hay dos plantas truchas» que «buscan bajar costos» funcionando bajo esta modalidad. «Muchas recibían facturas truchas, ahora todas se quejan porque Afip las enganchó como responsables solidarias de quienes figuraban como titulares de la empresa que facturaban por carga y descarga, por eso hay empresarios investigados por evasión».
UN GALPON CON CAMARAS
Núñez se refirió a un galpón, en cuyo interior hay cámaras de frío, ubicado a metros de un mayorista emplazado en una de las márgenes de Avenida Eva Perón en Trelew. Señaló que «algunos trabajadores nos avisaron que abrió un sucucho para operar, quedaron en informarnos para que vayamos con la Secretaría de Trabajo y hacer las inspecciones correspondientes. Cuando abren estas cuevas, nos interesa saber quién provee el pescado para posteriormente avanzar sobre quién dispone de la materia prima, porque estas personas que abren sin autorización de la Municipalidad, lo hacen apañados por el empresario que les da el pescado», denunció.
Y ejemplificó que en el caso puntual de Puerto Madryn, «a las mismas empresas de servicios les dimos una mano, después de una serie de enfrentamientos, donde planteamos que no pasen valores distintos (operativos) porque si no, no les alcanza para ejecutar los aportes a los operarios. Y así lo entendieron.
Ellos ganan lo que corresponde, las empresas están obligadas a pagar lo reglamentado y la gente cobra lo que está convenido. Son empresas que en la actualidad tienen empleados con 13 años de antigüedad, que antes eran eventuales». De todos modos «es una lucha constante», culminó.