Recordando dos hechos recientes que son ejemplos de la contaminación ambiental producida por las pesqueras, Alejandra Concina se posición a favor de que la Ley siga vigente. Además, destacó que las empresas tienen rentabilidad para pagar el cannon. “Son empresas que venden sus productos en dólares», recordó.
En la Provincia se discute alrededor de la aplicación o la derogación del Fondo Ambiental Provincial (FAP), el cual fue creado para la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, así como para la reparación de los daños generados la ambiente. El Concejo Deliberante local no está exento de dicho debate y, en este marco, Alejandra Concina no sólo defendió la existencia de la Ley Nº620, sino que también hizo una propuesta para que los empresarios pesqueros comiencen a pagar lo adeudado y que, como todo aquel no paga sus impuestos, reciba multas monetarias o hasta la quita del permiso de pesca.
“En estos días hemos tenido noticias de los cajones encontrados tirados en la playa y, además, el hundimiento del Pescargen en el Storni. Ambas son situaciones de contaminación ambiental producidas por las pesqueras”, precisó la edil de Unidos y Organizados (UYO), quien también recordó que la norma establece que lo recaudado por el cobro del cannon a cajón descargado en los puertos debe ser distribuido 50% para la Provincia y 50% para los municipios.
Al respecto, Concina dijo que “cualquier persona de a pie que tiene un contrato de alquiler si no lo paga la desalojan, un comercio que no cumple con las habilitaciones que requiere para que funcione se clausura, no pagas la luz y te quitan el medidor; todas y cada una de las relaciones de servicio, institucionales y de trabajo tienen condiciones, las empresas también lo tienen y, sin embargo, nadie hace que esas condiciones se cumplan”.
“Lo que ha tergiversado la discusión es que los trabajadores también tienen que hacerse cargo de este pago, cuando en realidad no sé en qué momento alguien tomó la decisión desde la empresa. Quizá la discusión que hay que empezar a dar es si los trabajadores no deberían participar de las ganancias de la empresa, ya que tienen que participar de los costos”, destacó.
“QUE A LA EMPRESA LE IMPORTE”
De este modo, Concina se posicionó a favor de que el FAP continúe vigente para abordar la mitigación ambiental para el cual estaba destinado, lo cual está establecido en el primer artículo de la Ley. “Las empresas pesqueras tienen permisos de pesca, quizá habrá que hablar de algún tipo de suspensión de los permisos, de alguna herramienta que haga que a la empresa le importe no llegar a esta situación y cumplir”, propuso la concejala.
“Son empresas que venden sus productos en dólares y tienen la rentabilidad necesaria para hacer frente a este Fondo”, concluyó al respecto la referente de la oposición local. En este sentido, vale recordar que el sector pesquero anunció que hará paro por tiempo indeterminado para reclamar la derogación del cannon o la conformación de una mesa de diálogo con las partes involucradas.