A partir del 1 de mayo, entra en vigor la Disposición 4/2023 sobre el marcado de redes en el ámbito pesquero argentino. Esta medida, que desde su momento generó opiniones encontradas entre los actores del sector, busca regular y controlar las actividades de las empresas armadoras de buques pesqueros arrastreros en aguas nacionales y adyacentes a la Zona Económica Exclusiva.
Según lo establecido en la disposición, todas las firmas armadoras de buques pesqueros arrastreros bajo bandera argentina deben cumplir con la normativa de marcado de artes de pesca. Esto implica identificar correctamente los aparejos de pesca de acuerdo a lo establecido en la medida. Aquellos que no cumplan con esta exigencia estarán sujetos a sanciones según lo estipulado en el Régimen Federal Pesquero. Sin embargo, como fuera aclarado por autoridades a REDES AL MAR, la sanción se obviaría si previamente hubiese un aviso de una pérdida, por ejemplo.
La disposición, publicada en el Boletín Oficial el año pasado, fijó un plazo de un año para la adecuación de las empresas armadoras a esta obligación, el cual vence el 9 de mayo del presente año. Desde su promulgación, se generó un interrogante en torno a la viabilidad y el impacto económico de esta medida en el sector pesquero.
Uno de los puntos de discusión es el costo asociado al marcado de cada arte de pesca, ya que requiere una inversión importante debido a la cantidad de grabados que deben realizarse. Algunas empresas habían comenzado a cumplir con la normativa, mientras que otras se mostraron reticentes ante los costos adicionales que implica.
La medida, que consta de 13 artículos, define claramente los términos relacionados con el arte de pesca y establece los procedimientos de inspección por parte de las autoridades pertinentes. Se busca que este marco regulatorio contribuya a prevenir conductas que puedan causar daño al medio ambiente marino y fomente la conciencia sobre la importancia de la pesca responsable.
Sin embargo, la implementación efectiva de esta medida aún genera incertidumbre, especialmente en lo que respecta a la capacidad de las autoridades para garantizar el cumplimiento por parte de todas las empresas del sector. Se espera que en los próximos meses, principalmente a partir de la reactivación de las sesiones del Consejo Federal Pesquero, se aclaren los detalles operativos sobre el tema.