Un frente unificado de entidades clave de la industria pesquera de Chubut le presentó al gobernador Torres una advertencia formal, manifestando su extrema preocupación ante la posibilidad de quela Provincia le otorgue nuevos permisos de pesca a la empresa Red Chamber Argentina.
Las cámaras y empresas firmantes—incluyendo la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), la Cámara del Golfo, y la empresa Conarpesa S.A.— solicitaron al mandatario provincial evitar la utilización de vías institucionales excepcionales para concretar dichos permisos, como una ley tramitada en la Legislatura o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que haría uso de las facultades del Artículo 156 de la Constitución Provincial.
El sector argumenta que la utilización de estas vías, que son ajenas al procedimiento técnico-administrativo reglado, genera un grave precedente y un impacto severo sobre la sostenibilidad de la actividad.
Los 4 puntos de riesgo
El escrito al que tuvo acceso REDES AL MAR detalla las siguientes preocupaciones fundamentales:
1. Riesgo Biológico y Esfuerzo Pesquero Sostenible: La industria subrayó que cualquier decisión de aumentar el esfuerzo pesquero mediante el otorgamiento de permisos debe ser un acto administrativo respaldado por informes técnicos y evidencia científica irrefutable que garantice la sustentabilidad biológica del recurso. La vía de excepción (DNU o ley ad hoc) elude este control, poniendo en riesgo la salud de los stocks de langostino y merluza.
2. Inseguridad Jurídica y Falta de Transparencia: La expedición de permisos de alto valor económico fuera del marco regulatorio habitual introduce discrecionalidad. Esto afecta la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre los actores del sector, constituyendo una presunta ausencia de transparencia institucional que colisiona con los valores que, según la carta, pregona la actual gestión.
3. Desmedro de la Inversión Histórica y el Empleo Local: Las empresas representadas han realizado inversiones históricas en plantas de procesamiento en tierra en comunidades como Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, generando miles de puestos de trabajo formal. Un aumento «descontrolado o poco transparente» del esfuerzo pesquero amenaza directamente la estabilidad económica y laboral de las compañías ya instaladas.
4. Pérdida Inminente de Certificación MSC: El sector pesquero invirtió millones de dólares y años de esfuerzo para obtener el sello de sostenibilidad MSC, clave para posicionar el langostino de Chubut en los mercados internacionales más exigentes. Otorgar permisos sin el sustento técnico-biológico necesario pone en riesgo esta certificación.
Exigencia de marco legal
Las cámaras y empresas solicitaron formalmente al gobernador Torres que cualquier decisión que afecte al sector se utilice exclusivamente el marco institucional técnico y administrativo apropiado.
Exigen que el otorgamiento de nuevos permisos: a) esté supeditado a informes biológicos rigurosos; b) cumpla con los procedimientos de publicidad y transparencia; y c) no se realice mediante Decretos de Necesidad y Urgencia. El objetivo, señalaron, es preservar la estabilidad y el futuro sustentable de la industria pesquera de Chubut.
Contexto de Red Chamber
Red Chamber Co, de capitales estadounidenses, es un líder en la industria pesquera mundial y el mayor proveedor global de langostino, con más de 50 años de trayectoria. La compañía arribó al país en 2015, reactivando la producción pesquera de la expropiada Alpesca y contribuyendo al posicionamiento del langostino salvaje argentino en el mercado estadounidense.
Recientemente, Red Chamber alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Chubut para construir una nueva planta industrial en la sub Zona Franca de Trelew. Este acuerdo conciliatorio, evita un juicio millonario derivado del conflicto por la rescisión del contrato que los vinculaba a la explotación de bienes de la ex Alpesca, promueve la inversión productiva y la generación de empleo.
Para desarrollar esta nueva inversión, el grupo confía en las garantías comprometidas por el gobernador Torres, las cuales se sustentan en el Tratado Bilateral de Inversiones vigente entre Estados Unidos y Argentina.