El armador del barco El Carlillo, César Domínguez, salió al cruce de las acusaciones por supuestamente llevar marineros sin declarar en su embarcación al momento del hundimiento. Pero más allá de defenderse, Domínguez fue más allá y apuntó contra lo que considera un sistema de corrupción dentro del sector pesquero. Aseguró que algunos barcos artesanales descargan hasta 750 cajones por marea, superando el límite de 580 permitido por ley, y que para hacerlo deben paga hasta 30.000 dólares.
En declaraciones públicas, Domínguez recordó que en enero pasado su barco fue suspendido tres días por una resolución, en la que se lo acusó de haber traído 700 cajones en una sola marea. “Es imposible, mi barco no puede traer nunca 700 cajones. Yo tengo los partes de pesca que descargué ese día, que son 430 cajones”, afirmó.
El armador también señaló que no fue el único afectado por esa resolución: “Me suspendieron a mí, al Lidia D y a El Foco”, explicó, y agregó que, mientras tanto, hay barcos que descargan mucho más de lo permitido sin enfrentar sanciones. “Los barcos artesanales están trayendo entre 700 y 750 cajones. No están viniendo con 580”, denunció.
Pero su acusación no quedó solo en los números. Domínguez aseguró que hay pagos irregulares para poder operar fuera del límite legal. “Si ellos querían traer 700 cajones, tenían que pagar 30.000 dólares. Y hay gente que pagó 30.000 dólares”, sostuvo, sin rodeos.
Además, mencionó otra situación irregular: el costo de transferir permisos de pesca de barcos viejos a nuevos. Según su testimonio al aire de Radio Chubut, “tengo pruebas de que hay gente que se hizo un barco nuevo. Para pasar el permiso del barco viejo al barco nuevo, tuvo que pagar 100.000 dólares. Y esa gente tuvo que salir a buscar plata, a pedir plata para poder sacar su barco”.
Por último, agregó que está a disposición para ser consultado por la Justicia.