La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa contra Carlos Damián Liberman, exsubsecretario de Pesca y Acuicultura durante el gobierno de Alberto Fernández, a quien el empresario Fernando Álvarez Castellano había denunciado por una supuesta persecución administrativa contra sus empresas y por amenazas en España. La Sala IV, integrada por Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, rechazó por mayoría el recurso de Conarpesa y Agropez, al considerar que las pruebas no permitían sostener los delitos de abuso de autoridad y amenazas coactivas. Liberman, vinculado políticamente con La Cámpora y secretario de Pesca de Santa Cruz durante la gestión de Alicia Kirchner, es hoy representante suplente de la provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero.
La causa comenzó el 29 de mayo de 2023 en el Juzgado Federal N.° 2 de Comodoro Py, a cargo de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. Álvarez Castellano, presidente de ambas firmas, denunció coacción, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, e invocó además la Ley Antidiscriminatoria por su origen español. Según su relato, desde comienzos de 2022 los buques de Conarpesa y Agropez recibieron inspecciones reiteradas en los puertos de Rawson y Puerto Madryn, que derivaron en sumarios y multas por el peso de los cajones de langostino y por la proporción de producto sin cabeza. La querella cuestionó que los inspectores eligieran los cajones que parecían más pesados y proyectaran el resultado sobre toda la carga, con sumarios iniciados por diferencias de 200 gramos. También objetó el uso de un coeficiente de conversión de 1,54, que según su planteo no tenía respaldo normativo, y una aplicación retroactiva de la Resolución 9/2022 del Consejo Federal Pesquero. Para sostener la persecución, las empresas informaron que tenían 20 de los 312 buques langostineros, el 6,4%, pero recibieron 75 de los 230 sumarios de 2022, el 32,6%.
La denuncia incluyó además un episodio del 4 de octubre de 2022 en Vigo, durante la feria CONXEMAR, adonde Liberman viajó en misión oficial. Álvarez Castellano sostuvo que se cruzaron en el Gran Hotel Nagari y que el entonces subsecretario lo increpó delante de otras personas. Entre las frases que le atribuyó figuran “Pescá bien, Fernando, y dejá de publicar estupideces” y “El langostino es de los argentinos y yo soy el que lo maneja”, junto con expresiones despectivas hacia los españoles y la promesa de perseguirlo hasta que volviera a su país. Un testigo declaró haber presenciado una discusión y haber oído insultos vinculados con la nacionalidad del empresario. Los jueces entendieron, sin embargo, que no había elementos para vincular ese cruce con los procedimientos administrativos posteriores ni para demostrar que estos fueran la concreción de una amenaza.
Durante casi tres años, la instrucción reunió informes oficiales, copias de los sumarios y testimonios. Julián Suárez, entonces director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, negó haber recibido instrucciones de Liberman. Los representantes de Iberconsa, Arbumasa, Argenova y Riminimarr hablaron de un aumento de las actuaciones desde 2021, pero ninguno identificó controles dirigidos contra las denunciantes. Un informe de la propia dirección admitió que no existía una norma específica sobre el factor de conversión del langostino, y los expedientes mostraron que se usó una nota interna del 14 de diciembre de 2021. El 5 de mayo, el juez Ramos archivó la causa por inexistencia de delito. Explicó que el aumento de sumarios podía responder a la modernización del monitoreo estatal, y recordó que en 2021 hubo 82 sumarios en el sector, solo uno de ellos contra Conarpesa, y que en 2023 las empresas no recibieron ninguno. Consideró además que las discrepancias sobre el coeficiente eran de orden administrativo y que el episodio de Vigo, ocurrido fuera del país, correspondía en principio a la justicia española. Aclaró que el archivo no producía cosa juzgada y que la causa podía reabrirse si aparecían nuevas circunstancias. La Sala I de la Cámara Federal porteña lo confirmó el 2 de junio, y el recurso de casación se concedió el 30 de ese mes.
En Casación, Borinsky sostuvo que “la circunstancia de que Agropez S.A. y Conarpesa hubieran registrado una cantidad de sumarios mayor a la de otras empresas del sector durante 2022 no indica por sí mismo que hayan recibido un tratamiento arbitrario y especialmente direccionado contra ellas”. También destacó que ningún representante del Ministerio Público Fiscal había cuestionado el archivo. Hornos remarcó que la investigación no se cerró de manera prematura, que una interpretación administrativa errónea no basta para configurar abuso de autoridad y que los elementos necesarios para ese delito “no han podido verificarse hasta el momento en el presente caso”. Carbajo votó por declarar inadmisible el recurso porque, a su criterio, “la resolución impugnada se encuentra suficientemente sustentada, y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”. La Sala IV rechazó el recurso sin imposición de costas y tuvo presente la reserva del caso federal de la querella. La validez de las sanciones administrativas quedó sujeta a los procedimientos de revisión correspondientes.