El extenso conflicto que mantuvo en expectante a la industria pesquera y movilizó intereses hasta Washington, abrió un nuevo capítulo en las últimas horas. El gobierno de Chubut, tras la intervención de la Cancillería Argentina, presentó a la firma Red Chamber una propuesta de inversión para que siga operando en la provincia. Lo hizo en la antesala de la reunión entre el presidente Javier Milei y Donald Trump, quizas para aliviar tensiones diplomáticas con Estados Unidos antes del encuentro presidencial.
Los detalles de la propuesta no se dieron a conocer oficialmente. Sin embargo hay actores del sector que aseguran que se trata de una iniciativa relacionada a la instalación de la empresa americana en la nueva Sub Zona Franca de Trelew. De hecho, era un plan que Red Chamber tenía para el corto plazo.
Lo cierto es que, contrariamente a lo que ayer se viralizó a través de portales locales, no hubo ningún acuerdo pactado entre la Provincia de Chubut y Red Chamber, ni mucho menos promesas de incorporación de 60 u 80 empleados. Sólo hubo un acercamiento unilateral.
Por lo pronto, se sabe que la compañía californiana sostendrá su demanda legal ante la Justicia Federal tras la rescisión del contrato, insistiendo en la validez de sus tres permisos de pesca nacionales, algunos de los cuales extienden su vigencia hasta fines de 2027.
LA DISPUTA DE LOS PERMISOS PESQUEROS
Sin embargo, en el telón de fondo de este capítulo, se desarrolla el conflicto de jurisdicción por los permisos pesqueros. La Provincia de Chubut solicitó a la Dirección Nacional de Normativa y Registro de la Pesca que «deje sin efecto» las autorizaciones y cuotas de captura de la empresa. En respuesta, Red Chamber presentó un extenso descargo administrativo, defendiendo que las licencias para buques como el Cabo Vírgenes, Promarsa III y Promarsa I fueron otorgadas para tener validez hasta el 29 de septiembre de 2027.
La argumentación legal de la pesquera plantea apunta a que una resolución administrativa emitida por un ente provincial no posee la potestad de anular disposiciones que fueron adoptadas por organismos de competencia nacional. La empresa asegura que la vigencia de los contratos de locación de esos tres buques es «irrefutable» y calificó la solicitud de baja presentada por la Secretaría de Pesca de Chubut como «manifiestamente improcedente».
Finalmente, Red Chamber amplía su defensa a otros buques, el Promarsa II (hoy Patagonia Queen) y el Cabo San Sebastián, cuyos permisos, sostienen, se mantendrán vigentes hasta que culmine el juicio de expropiación de los bienes de Alpesca y AP Holding.
Como todo, entre idas y vueltas, quien espera una resolución es la propia Profand, que requiere esos permisos de pesca para poder salir a buscar el langostino y abastecer a la planta que acaba de arrendar. El calendario marca cierto apuro, la prospección en aguas provinciales ya solicitada para fin de mes.