El juicio por contaminación ambiental que se sigue en Puerto Madryn contra dos responsables de la empresa Conarpesa entra hoy en su etapa decisiva con la presentación de los alegatos finales. La Fiscalía adelantó que, sobre la base de pruebas documentales, pericias y testimonios técnicos, sostendrá que existió un vertido sistemático de efluentes industriales sin tratar directamente en el Golfo Nuevo, con niveles de contaminación muy superiores a lo permitido por la normativa vigente.
El caso investiga la responsabilidad penal de Nadine Parry, jefa ambiental de la pesquera, y de Brahim Yoosef, encargado de la planta de tratamiento de efluentes, imputados por el delito de contaminación ambiental previsto en el Código Penal y en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Según la acusación, en las instalaciones se habría montado un sistema clandestino de cañerías “by pass” que derivaba líquidos crudos al mar, eludiendo el tratamiento requerido.
Las pruebas incorporadas durante las audiencias resultaron de particular relevancia. Una inspección ocular realizada en la planta permitió comprobar la existencia de un caño no habilitado por el cual se detectó la salida de agua sin procesar hacia el Golfo Nuevo. Según el informe de la Fiscalía, esa descarga coincidía con efluentes provenientes del procesado de langostinos. La diligencia fue encabezada por personal policial y de Ecología, quienes documentaron el hallazgo.
Otro punto central de la acusación fue que los propios imputados acompañaron a las autoridades durante el recorrido en la planta. Para los investigadores, este hecho demuestra el conocimiento pleno que tenían del sistema de vertidos y descarta la posibilidad de que los responsables ignoraran la maniobra.
La contundencia de las pericias técnicas también será eje del alegato fiscal. En informes posteriores se constató que algunos parámetros superaban en forma desmesurada los límites legales: sólidos suspendidos 21 veces por encima de lo permitido, demanda biológica de oxígeno 60 veces superior, amonio 25 veces más alto, y coliformes fecales 2.700 veces sobre el máximo tolerado. Estos valores reforzarían la hipótesis de un vertido de efluentes sin tratamiento adecuado.
La causa se originó tras la difusión de un video en redes sociales donde se observaba un efluente de color anaranjado desembocando directamente en el mar. Esa evidencia fue el punto de partida de una investigación que, con el paso de los meses, sumó denuncias y actuaciones técnicas hasta derivar en el proceso penal actual.
Los alegatos comenzarán hoy a las 8:30 en los tribunales de Puerto Madryn. Se espera que el Ministerio Público Fiscal formule un pedido concreto de condena para los imputados, en tanto la defensa insistirá con sus peritos en cuestionar los informes y en negar la responsabilidad penal de los acusados. Será una jornada clave antes de que el tribunal avance hacia la sentencia en una de las causas ambientales más trascendentes de los últimos años en la región.