El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, volvió a cargar con dureza contra la conducción gremial del SOMU y acusó a sus representantes de anteponer intereses políticos y electorales por sobre el bienestar de los trabajadores: “No están defendiendo los derechos de la gente, están defendiendo su futuro político”.
Según afirmó, el conflicto que mantiene paralizada la actividad pesquera no tiene como raíz una discusión laboral genuina, sino una estrategia del sindicato orientada a sostener su poder interno. “Es un tema político. No quieren arriesgar sus elecciones sindicales, y más arriba les habrán dicho ‘que se pudra todo, que van a volver Liberman y compañía’”, afirmó, en alusión al exsubsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman, a quien vinculó como asesor informal del sindicato. “Desde cuándo un sindicato tiene como asesor a un subsecretario que encima vota todo en contra de lo que vota el Consejo Federal Pesquero”, cuestionó.
Álvarez Castellano remarcó que la conducción del SOMU se negó a negociar cualquier tipo de alternativa desde el comienzo del conflicto. “Dicen ‘no es no’ y no van a negociar ni ahora, ni el mes que viene, ni dentro de dos meses. Han dejado a la deriva a la gente”, advirtió. En esa línea, acusó al gremio de alentar un escenario de confrontación permanente. “Quieren que se pudra todo, quieren que haya conflicto, quieren que nos peleemos entre todos”, expresó.
Frente a esta situación, el empresario anunció que Conarpesa iniciará el proceso de embarque con quienes acepten las condiciones ofrecidas por la empresa. Aclaró que la propuesta no implica una baja del 30%, como se había planteado inicialmente, sino del 22% en los valores dolarizados, y que en términos reales los tripulantes ya estarían cobrando más en pesos que el año pasado. “Yo voy a darle la posibilidad de trabajar. Si no quieren subir, pues bueno, se quedan los barcos parados. Pero que sea la gente la que decida”, enfatizó.
En ese sentido, insistió en que los contratos individuales cuentan con respaldo legal, al haber sido habilitados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. “No es un capricho de los empresarios”, señaló, y agregó que el objetivo es destrabar una parálisis que, según advirtió, está siendo alimentada por intereses ajenos a la actividad pesquera. “Esto está hecho por la política. No te quepa ninguna duda. Y al final de esta historia se va a saber”, concluyó.