Un fallo del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata marcó un precedente importante para la actividad pesquera, al rechazar una medida cautelar del SOMU que buscaba impedir la salida del buque “Marlene del Carmen” por presunta falta de un tripulante. La resolución confirmó que, en tanto cuente con la autorización de Prefectura y cumpla con los certificados de seguridad exigidos, la embarcación puede operar aún en medio de una controversia sobre la dotación mínima de explotación.
El planteo había sido impulsado por el SOMU que alegó la omisión de un marinero en la conformación de la tripulación del buque. Sin embargo, el juez Santiago José Martín consideró que no se encontraban reunidos los requisitos jurídicos para dictar una medida cautelar innovativa. Entre los argumentos centrales del fallo al que accedió REDES AL MAR, el magistrado destacó que el buque contaba con el Certificado Nacional de Dotación Mínima de Seguridad, que fija un mínimo de ocho tripulantes, y con el correspondiente permiso de pesca y despacho de salida otorgado por Prefectura Naval Argentina el pasado 30 de abril.
Asimismo, el fallo remarcó que el artículo 17 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 708/15 establece expresamente que cualquier controversia sobre la composición de la dotación “no será impedimento para la continuación operacional” del buque. Es decir, aun en caso de desacuerdo sobre la presencia o ausencia de un tripulante, la actividad no debe interrumpirse.
De esta forma, el juzgado no sólo rechazó la medida solicitada por el sindicato, sino que además abrió la puerta a un esquema más flexible en el manejo de dotaciones a bordo. En términos prácticos, el fallo habilita al armador y a la tripulación a definir en conjunto si la embarcación zarpa aun cuando falte un marinero, y si esa ausencia se traduce en un pago o no a su favor. Esta interpretación, aunque deberá ser confirmada en la sentencia definitiva, podría establecer una nueva dinámica en las relaciones laborales del sector pesquero.
La decisión también refuerza el principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos, al dar validez a los certificados y autorizaciones emitidos por la autoridad marítima, aun cuando existan cuestionamientos sindicales pendientes de resolución judicial.
En el contexto actual, donde el sector empresarial reclama facilidades para poder salir a pescar sin perder plata, este fallo podría ser leído como un paso hacia la flexibilización de ciertos aspectos normativos que, hasta ahora, limitaban la continuidad de la temporada.
El proceso judicial continúa, y será en la sentencia de fondo donde se definan los alcances finales sobre la validez de operar con dotaciones incompletas.