En Santa Cruz, las aguas parecen estar más agitadas fuera de los mares que en ellos mismos. En las últimas semanas, la titular de la Unidad Ejecutora Portuaria, Selsa Hernández, quedó en el ojo de la tormenta tras denuncias que la acusan de solicitar sumas millonarias a empresas pesqueras y mineras en nombre del gobernador provincial. La excusa oficial: cubrir gastos de «custodia policial» para el buque Varamo, de la línea Maersk. Sin embargo, las sospechas de extorsión, irregularidades y falta de transparencia oscurecen aún más el clima político y empresarial de una provincia que acumula problemáticas en torno al sector pesquero.
Un «aporte» que nadie pidió
Según empresarios locales, Hernández habría solicitado entre 6 y 10 millones de pesos para garantizar la seguridad del operativo. No obstante, la Policía Provincial fue categórica al desmentir cualquier necesidad de este tipo de servicios adicionales: «Las horas extras de los efectivos son cubiertas por el Estado. No hay ningún requerimiento a empresas privadas», aseguró un alto oficial en un comunicado oficial.
Las denuncias no se limitaron al sector pesquero. Dos empresas mineras también fueron contactadas para financiar la custodia en operaciones de transporte de cianuro, aunque estas actividades son gestionadas exclusivamente por firmas privadas. Mientras una de las mineras pidió formalidades que frenaron la solicitud, la otra exigió detalles que derivaron en la suspensión de las gestiones.
La situación alcanzó un tono aún más oscuro cuando empresarios pesqueros acusaron a Hernández de haber proporcionado cuentas bancarias personales para recibir los pagos: «Nos pidió dinero para algo que no era necesario, diciendo que la provincia no tenía recursos por la crisis económica. Todo parecía una maniobra para sacar provecho», declaró un empresario bajo anonimato.
La combinación de escándalos y desorden administrativo no solo afecta la reputación de los actores involucrados, sino que también pone en jaque la gestión de recursos clave. Santa Cruz enfrenta una crisis institucional que trasciende lo anecdótico.
Vacíos de gestión y una industria en alerta
La renuncia masiva del gabinete provincial a pedido del gobernador Claudio Vidal dejó al sector pesquero sin un interlocutor válido. Santa Cruz, única provincia sin estadísticas de historial de pesca, recibió este año casi 20 mil toneladas de merluza hubbsi del Consejo Federal Pesquero. Pero, con empresas fantasmas y sin un secretario de Pesca a cargo, la asignación se encuentra en un limbo.
Los problemas no terminan ahí. La falta de gestión en áreas clave, como Trabajo y Medio Ambiente, agrava cuestiones históricas: el tratamiento de residuos de las plantas pesqueras y los líquidos industriales continúa siendo un problema sin resolver.
Lo que podría haberse reducido a un escándalo puntual se convirtió en un reflejo de una crisis más profunda. Las denuncias contra Hernández no solo desnudan prácticas cuestionables, sino que exponen un vacío político y administrativo que amenaza el futuro del sector productivo más importante de la provincia.
Con información publicada por la Asociación Gremial de Obreros Marítimos de Santa Cruz.